México publicó la nueva NOM-005-SSA-2026, que establece criterios obligatorios para la provisión de servicios de planificación familiar y anticoncepción en todo el país.
El documento, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 12 de junio, incorpora la evidencia científica más reciente, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y un enfoque de derechos sexuales y reproductivos.
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Cifras, contexto y estándares internacionales
En 2023, la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años sexualmente activas fue de 74.7%, equivalente a 13.9 millones de personas.
La demanda insatisfecha se estimó en 12.2% y sube a 14.1% en mujeres de habla indígena, 12% en mujeres con discapacidad y 27.1% en adolescentes de 15 a 19 años.
Entre las mujeres embarazadas sexualmente activas, 30.3% declaró que su embarazo no fue planeado o deseado. En adolescentes embarazadas, el porcentaje alcanzó 39.2%.
La Norma responde a compromisos internacionales de México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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También retoma acuerdos de la CIPD de El Cairo y el Consenso de Montevideo, que obligan a garantizar acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva.
¿Qué cambia la normativa?
- Gratuidad, consentimiento informado y disponibilidad de métodos anticonceptivos
La NOM-005-SSA-2026 detalla que los servicios deben ser gratuitos en todas las instituciones públicas, sin importar afiliación.
El personal debe garantizar información suficiente para la toma de decisiones, orientación adecuada, consentimiento informado y revocable, confidencialidad estricta y una disponibilidad real de métodos anticonceptivos en las unidades de salud.
El acceso a métodos anticonceptivos tras parto, cesárea o aborto es obligatorio. Las personas con discapacidad, adolescentes y miembros de grupos históricamente vulnerados pueden solicitar directamente estos servicios, recibir consejería y seleccionar el método de su preferencia.
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- Obligaciones del personal y criterios de calidad
El personal de salud debe informar sobre los beneficios, riesgos y efectos secundarios de todos los métodos anticonceptivos y asegurar un trato digno y confidencial.
Las decisiones de las personas usuarias deben ser respetadas y ningún método puede ser impuesto.
El consentimiento informado es obligatorio antes de la aplicación de métodos quirúrgicos o de larga duración y puede ser revocado en cualquier momento.
La Norma exige capacitación continua para el personal, acceso sin discriminación, pertinencia cultural y perspectiva de género en la consejería.
El otorgamiento de métodos de barrera y emergencia no requiere prescripción ni historia clínica previa.
- Clasificación y acceso a métodos
La Norma clasifica los métodos anticonceptivos en temporales y permanentes. Incluye hormonales combinados, hormonales con progestágeno solo, dispositivos intrauterinos, métodos de barrera, métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, anticoncepción de emergencia, oclusión tubaria bilateral y vasectomía.
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Se detalla que la información sobre cada método debe abarcar mecanismo de acción, efectividad, duración, riesgos, beneficios y efectos secundarios.
La imposibilidad de integrar historia clínica no limita el acceso oportuno a anticonceptivos.
Participación institucional y consulta pública
La actualización, encabezada por la Secretaría de Salud federal, a través del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, concluye un proceso técnico de más de seis años.
La elaboración de la Norma involucró a instituciones como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Perinatología, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fòs Feminista, el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Ipas Latinoamérica y el Caribe, y el Grupo de Información en Reproducción Elegida.
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El proyecto se somete a consulta pública en 2025 y la versión final responde a los comentarios recibidos por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública.
“Ipas Latinoamérica y el Caribe participa con aportes clínicos y jurídicos, reforzando el enfoque de derechos en el texto final”, señala Marisol Escudero Martínez, subdirectora de Incidencia.
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