Detectan zona de explotación minera ilegal en Durango, Profepa impone sanciones

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó y sancionó la operación de una mina ilegal en el ejido Arroyo del Hacho, municipio de Guanaceví, en Durango. Durante recorridos realizados enla zona, el personal de Profepa constató la existencia de un proyecto de explotación de minerales metálicos, principalmente plata, oro y zinc, que funcionaba sin las autorizaciones federales requeridas.

Estas acciones ocasionaron daños significativos a la vegetación forestal y al equilibrio ecológico de la región.

La Profepa observó instalaciones rudimentarias de maquinaria y equipo utilizadas para la extracción, así como la remoción de vegetación en una superficie de aproximadamente 3 mil 200 metros cuadrados, afectando especies nativas de la zona de transición, en particular pinos y táscate (juniperus).

Este tipo de vegetación es fundamental para la conservación de los suelos, la captación de agua y la provisión de hábitats para la fauna local. La remoción de la cubierta vegetal y la alteración del terreno sin los permisos adecuados representan una amenaza grave para la biodiversidad y la estabilidad ambiental de la región.

Sanciones de Profepa ante estas acciones ilegales

Al solicitar la documentación correspondiente, los responsables del proyecto no pudieron acreditar las autorizaciones en materia de impacto ambiental ni el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ambos trámites obligatorios emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante esta omisión, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del proyecto, además de asegurar precautoriamente la maquinaria y equipo hallados en el sitio, con el objetivo de frenar los daños y evitar que continúen las actividades ilícitas.

La dependencia federal inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades legales de los involucrados, evaluar el alcance de los daños y garantizar la reparación ambiental correspondiente. Este proceso busca que quienes incumplan la normatividad ambiental enfrenten consecuencias y que se refuercen las medidas de protección y uso sustentable de los recursos naturales.

Las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo son herramientas clave para que los proyectos productivos se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad, minimizando los efectos negativos al entorno y asegurando la protección de la biodiversidad. Cuando se omite su cumplimiento, se incrementa el riesgo de deforestación, erosión, contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como la pérdida de hábitats para especies de flora y fauna.

La minería ilegal es una de las principales amenazas para los ecosistemas forestales y comunidades rurales en México. Además de los daños ambientales, suele generar conflictos sociales, afectaciones a la salud pública y pérdida de servicios ambientales esenciales, como la regulación hídrica y la prevención de desastres naturales.

Minería en México

La extracción minera en México es una actividad económica de gran peso, marcada tanto por su relevancia histórica como por controversias sociales, ambientales y legales.

México es líder mundial en la producción de minerales, de acuerdo a datos de Bnamericas, especialmente en la extracción de plata (el primer productor global), oro (alrededor del 3.3% de la producción mundial), cobre (1.8% mundial), entre otros metales estratégicos.

No obstante, la minería, especialmente a cielo abierto, ha sido señalada por daños irreversibles en los ecosistemas, contaminación de acuíferos, pérdida de biodiversidad e incluso desplazamiento de comunidades indígenas.

Se estima que más de 70 áreas naturales protegidas tienen concesiones mineras, lo que ha motivado la férrea oposición de sectores ambientalistas y de derechos humanos y un importante cambio legal para proteger estos territorios

Otro de los grandes desafíos actuales de la minería mexicana es la violencia y el control criminal. Grupos del crimen organizado extorsionan, roban cargamentos y controlan yacimientos, especialmente de oro, plata y cobre, en numerosas regiones (Sonora, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, etc.), lo que desencadena desplazamientos, violencia extrema y presión sobre trabajadores y empresas.