Conseguir un contrato con el gobierno federal falsificando documentos tiene un costo. Esa es la advertencia que lanzó este miércoles la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al anunciar la inhabilitación de dos empresas proveedoras del Instituto Mexicano del Seguro Social: Corporativo Dijech, S.A. de C.V. y Farmacias Nacionales, S.A. de C.V. Ambas quedan impedidas para participar, por sí o mediante intermediarios, en cualquier procedimiento de contratación con la Administración Pública Federal.
El caso de Corporativo Dijech: una constancia fiscal falsa
Corporativo Dijech intentó hacerse de un contrato en 2022 para el suministro de consumibles de equipo médico destinados al IMSS. Para lograrlo, presentó una constancia de situación fiscal que supuestamente había sido emitida por el Infonavit. El problema: el documento era falso.
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La sanción impuesta por el Órgano Interno de Control en el IMSS incluye una multa de 144,330 pesos y una inhabilitación de un año, notificada el pasado 11 de marzo de 2026. Un año sin poder tocar un solo contrato federal, como consecuencia directa de haber intentado engañar al sistema de salud pública.
El caso de Farmacias Nacionales: dolo en la adquisición de medicamentos
El segundo caso es más grave en términos legales. Farmacias Nacionales participó en 2020 en un procedimiento de adjudicación directa para la compra de medicamentos del IMSS. En ese proceso presentó una prórroga de registro sanitario ante la COFEPRIS que resultó ser falsa, y lo hizo “bajo protesta de decir verdad”, lo que en términos jurídicos constituye dolo, es decir, una mentira deliberada y consciente.
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La sanción: 134,664 pesos de multa y dos años de inhabilitación. Aunque un tribunal federal determinó que el plazo de inhabilitación original ya transcurrió, la Secretaría Anticorrupción precisó que la empresa seguirá impedida de contratar con el gobierno hasta que liquide la multa impuesta en la resolución notificada el 19 de marzo de 2026.
Por qué importa más allá de las multas
Estos no son contratos menores ni trámites burocráticos sin consecuencias reales. Se trata de medicamentos y consumibles médicos destinados a los derechohabientes del IMSS, millones de mexicanos que dependen del sistema de salud pública. Que una empresa presente documentos falsos para ganar esos contratos no es solo un fraude administrativo: es una falla directa en la cadena que lleva insumos médicos a quienes más los necesitan.
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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que defenderá con firmeza las sanciones impuestas y que las empresas tienen derecho a impugnarlas. El mensaje del comunicado oficial fue directo: “Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”.
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