
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que la reforma constitucional en materia electoral conocida como “Plan B” no contempla la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), como se ha mencionado en algunos espacios durante los últimos días.
En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora explicó que parte del debate público se ha generado por versiones que, afirmó, no corresponden con el contenido del proyecto.
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“Se ha dicho que el plan B desaparece al Instituto Nacional Electoral. Esto es falso, ya que de ninguna manera se desaparece esta institución, que es una institución fundamental para el desarrollo de las elecciones en nuestro país”, señaló.
Castillo Juárez indicó que el objetivo central de la iniciativa es reducir gastos dentro del sistema electoral y disminuir estructuras burocráticas.
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De acuerdo con su explicación, también se plantea que los funcionarios de autoridades electorales no reciban salarios superiores al de la persona titular del Ejecutivo federal, así como orientar recursos públicos hacia obras y programas.
La senadora sostuvo que la reforma busca mejorar la eficiencia administrativa y revisar el uso del presupuesto en distintas áreas del sistema político.
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Senado aprueba la reforma electoral tras un debate entre partidos
El Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia electoral con 87 votos a favor y 41 en contra, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.
El proyecto fue avalado tanto en lo general como en lo particular y posteriormente fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
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Durante la sesión, senadores de diversas fuerzas políticas fijaron postura sobre el dictamen y presentaron propuestas para modificar algunos artículos. La mayoría de estas reservas no fueron aceptadas por el pleno.

Uno de los cambios relevantes fue la aprobación de una reserva que eliminó modificaciones relacionadas con la revocación de mandato.
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Con esta decisión, esa figura se mantiene en los términos actuales establecidos en la Constitución.
En el debate participaron legisladores de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, quienes expusieron distintos argumentos sobre el impacto de la reforma en el sistema político y electoral.
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Cambios planteados en la reforma electoral
A lo largo de la discusión legislativa, se han detallado algunos de los puntos que contempla la reforma para entender el alcance de las modificaciones propuestas en el llamado Plan B:
- Se propone reducir gastos dentro del sistema electoral y limitar beneficios considerados excesivos en distintas instituciones públicas.
- Se establece que funcionarios de autoridades electorales no podrán recibir una remuneración mayor a la de la presidencia de la República.
- La reforma plantea ajustes en la integración de ayuntamientos, estableciendo un número máximo de regidurías en los municipios.
- También se incluyen límites al presupuesto de los congresos locales en relación con el gasto total de cada entidad.
Estos cambios han sido parte central del debate político en torno a la iniciativa impulsada desde el gobierno federal.
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Consejeros del INE advierten posibles riesgos en leyes secundarias
Tras la aprobación en el Senado, consejeros electorales han señalado que algunos efectos de la reforma podrían observarse en las leyes secundarias que se deriven de la modificación constitucional.

Arturo Sánchez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, advirtió que parte del debate se centra en cómo se implementarán los ajustes planteados.
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“Ahí es donde está el riesgo, lo más grave de una reforma, en la legislación secundaria que esté ordenada por estas ideas de que ‘con eso ahorramos’, pero en realidad con eso lo que quieren es controlar”, señaló.
Entre los puntos que han generado discusión se encuentran posibles cambios en la estructura operativa del INE, incluyendo áreas relacionadas con la organización de elecciones y el servicio profesional electoral.
Especialistas han advertido que modificaciones en estas áreas podrían impactar la forma en que se preparan y desarrollan los procesos electorales en el país.
También se ha mencionado que algunos ajustes podrían implicar la reorganización de juntas distritales o cambios en los tiempos de ciertos procedimientos electorales, aspectos que forman parte de la discusión sobre el funcionamiento del sistema electoral.
Mientras tanto, el tema sigue siendo uno de los asuntos centrales en la agenda legislativa y política del país, debido a su impacto en la organización de elecciones y en el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar los procesos electorales en México.
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