La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años de Veracruz. Durante casi veinte años, el gobierno negó los hechos, archivó la investigación y presionó a la familia para que callara.
Historia que enmarca el caso de Ernestina Ascencio
El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario salió a pastorear sus borregos como cada mañana en la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Tenía 73 años, era indígena nahua, solo hablaba náhuatl y vivía en pobreza. No regresó.
Su hija Martha la encontró tirada sobre un cerro, a 300 metros del campamento que el Ejército mexicano había instalado días antes sin permiso en su comunidad. Estaba viva, pero con las piernas abiertas, la falda levantada y marcas en los pies que indicaban que había sido amarrada.
Cuando la levantaron, Ernestina habló. En náhuatl, porque no sabía español, dijo que los soldados —“los que tienen clavos en el pecho”, así los llamó, por las insignias militares— la habían atado, le taparon la boca y abusaron de ella. Murió horas después en el Hospital Regional de Río Blanco. El nosocomio no tenía intérprete de náhuatl.
El gobierno respondió negándolo todo
En lugar de investigar, las autoridades mexicanas se alinearon para proteger al Ejército. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que Ernestina “falleció de gastritis crónica no atendida” y que “no hay rastros de que haya sido violada”.
La CNDH respaldó esa versión e incluso la presidenta de INMUJERES llegó a descalificar las últimas palabras de Ernestina argumentando que, como “estaba moribunda y balbuceaba”, no se podía tener “certeza de lo que dijo”.
Para cuando los fiscales archivaron el caso, dos meses después de los hechos, la familia de Ernestina ni siquiera estaba en Veracruz: el gobernador los había llevado a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, donde permanecieron más de diez días sin poder regresar.
Al volver, fueron presionados para dejar de buscar justicia. “Ya no salíamos a ninguna parte, ya no íbamos a trabajar, nos espantamos mucho”, declaró Martha Inés Ascencio ante la Corte Interamericana en enero de 2025.
La condena internacional
El 30 de septiembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su fallo: México es internacionalmente responsable por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina, así como por no haber investigado con seriedad y por mantener el caso en impunidad durante casi dos décadas.
La Corte ordenó al Estado reabrir la investigación, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, pagar indemnizaciones a la familia y crear un Registro Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia en México.
El caso tardó 11 año solo en llegar al tribunal internacional. La sentencia llegó 18 años después de los hechos.
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