El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, calificó como un “retroceso democrático” la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que su bancada votará en contra cuando la iniciativa llegue a la Cámara Alta.
El legislador guerrerense denominó la propuesta como “Ley Maduro” y sostuvo que su objetivo es que Morena “se apodere de las elecciones”.
En conferencia, afirmó que la intención es que el partido en el poder influya en quién gana y quién pierde los comicios, lo que —dijo— representaría “el último clavo al ataúd de la democracia en México”.
Añorve también cuestionó el presupuesto proyectado para el Instituto Nacional Electoral en 2027 y lo comparó con el subsidio asignado al Tren Maya, al señalar que este último recibe más recursos que el órgano electoral.
PAN y PRI cierran filas en el Senado contra la reforma electoral
La postura del PRI fue respaldada por el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, quien adelantó que su grupo parlamentario también votará en contra.
Anaya argumentó que la iniciativa no contempla sanciones contundentes para los partidos que reciban recursos del crimen organizado.
Según explicó, Acción Nacional había condicionado su respaldo a que se estableciera la pérdida automática del registro para cualquier instituto político que incurriera en financiamiento ilícito, propuesta que —afirmó— no fue incluida.
Para el panista, la reforma no atiende el problema central de la democracia mexicana: la infiltración del narcotráfico en campañas y candidaturas.
PRI acusa intento de “demoler la democracia”
Desde la Cámara de Diputados, el coordinador priista Rubén Moreira reforzó la crítica y aseguró que la iniciativa busca “demoler la democracia”.
Afirmó que el oficialismo ha presentado la propuesta bajo el argumento de la austeridad, pero sin consenso con las fuerzas de oposición.
Moreira también vinculó el debate presupuestal con los sobrecostos en megaproyectos federales, cuestionando que mientras se habla de recortes al sistema electoral, se incrementan los recursos para otras obras prioritarias del gobierno.
Además, advirtió que la falta de definiciones claras en materia de financiamiento podría abrir espacios al crimen organizado y alertó sobre riesgos de sobrerrepresentación legislativa que, a su juicio, impiden un debate equilibrado.
Los principales cambios que propone la reforma electoral
La iniciativa plantea modificaciones estructurales al sistema político y electoral, entre ellas:
- Reducción del Senado, de 128 a 96 integrantes, eliminando los escaños de representación proporcional.
- Cambios en la Cámara de Diputados, al modificar la asignación de plurinominales para que se otorguen a quienes obtengan los mayores porcentajes sin ganar su distrito.
- Disminución del financiamiento público a partidos, al ajustar la fórmula basada en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
- Regulación del uso de Inteligencia Artificial en propaganda electoral, obligando a etiquetar contenidos alterados.
- Reportes financieros diarios de ingresos y gastos de campañas, incluidos activos virtuales.
- Reducción de tiempos oficiales en radio y televisión para precampañas y campañas.
- Tope salarial en el INE, para que ningún funcionario gane más que la persona titular del Ejecutivo.
- Prohibición del nepotismo electoral y apertura al voto electrónico en consultas populares.
Debate rumbo a 2027: INE, financiamiento y control electoral
La discusión ocurre en un contexto preelectoral rumbo a 2027, donde la oposición sostiene que la reforma podría debilitar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y concentrar poder en la mayoría legislativa.
Mientras el oficialismo defiende que los cambios buscan austeridad, transparencia y mayor participación ciudadana, PRI y PAN anticipan un bloque opositor para frenar lo que consideran una reforma que pone en riesgo la imparcialidad del árbitro electoral.
El debate apenas comienza en el Congreso, pero la polarización ya marca la ruta de una de las discusiones políticas más relevantes del actual sexenio.
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