Caso Ayotzinapa: CNDH reitera imposibilidad de conformar ‘Comisión de la Verdad’, no quiere “sesgar investigaciones”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su imposibilidad de integrar la llamada “Comisión de la Verdad del Caso Iguala”.

El organismo comunicó oficialmente que no será instrumento para trastocar el orden jurídico ni sesgar las investigaciones que actualmente encabezan la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).

El 6 de febrero de 2026, la CNDH respondió a una notificación judicial recibida en diciembre de 2025, la cual solicitaba su participación en la integración de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala), como parte de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en revisión 203/2017.

El organismo expuso que existe una “imposibilidad jurídica y material” para cumplir con los términos originales de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas.

“La CNDH se excusa para pertenecer y participar en la llamada ‘Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)’”, argumentó el organismo en su respuesta formal.

Entre los motivos principales de esta posición, la CNDH señaló el cambio sustancial del contexto jurídico desde que se dictó la ejecutoria.

El organismo recordó que en noviembre de 2018 concluyó su investigación autónoma sobre los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, con la emisión de la Recomendación 15VG/2018, actualmente en etapa de seguimiento.

Además, se encuentra en proceso de conclusión un nuevo expediente de queja derivado de la inconformidad de familiares y sobrevivientes, que desembocará en una nueva recomendación.

La creación de la CoVAJ-Ayotzinapa en diciembre de 2018, por decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y la constitución de la UEILCA en junio de 2019, han generado mecanismos de investigación y coordinación que, según la CNDH, cumplen con los objetivos originalmente previstos para la comisión judicial.

“Desde el 3 de diciembre de 2018, se encuentra ya constituida una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), la cual persigue objetivos sustancialmente coincidentes con los establecidos en la ejecutoria antes señalada”, detalló el organismo.

El comunicado también advierte sobre la existencia de un conflicto de interés en su eventual participación en una nueva comisión, ya que implicaría revisar y modificar conclusiones institucionales previas, afectando los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

“No resulta jurídicamente viable que esta Comisión Nacional asuma de forma concurrente y/o simultánea el papel de órgano supervisor y de control, y de autoridad encargada de investigar y vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones”, puntualizó la CNDH.

Otro argumento central es la invasión de facultades que la integración de la comisión supondría respecto al Ministerio Público, señalado por la CNDH como el único ente técnico-jurídico autorizado para investigar delitos, conforme a la Constitución mexicana.

“Permitir que un órgano distinto asuma o condicione las funciones del Ministerio Público, y además bajo las condiciones que se plantea, rompe el principio de reserva de competencia y altera el equilibrio constitucional en materia de procuración de justicia”, sostuvo la Comisión.

El organismo nacional también alertó sobre las consecuencias del cumplimiento forzado de la ejecutoria, al recordar que la reactivación del amparo permitió la liberación de más de 60 presuntos perpetradores por supuesta tortura, “sin que mediara ningún dictamen o prueba científica, y desde luego sin protocolos de Estambul”.

En la parte final de su posicionamiento, la CNDH reafirmó su compromiso con las víctimas directas e indirectas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El organismo subrayó que no se prestará al quebranto de la ley y que no participará en acciones que, a su juicio, “amenazan echar por tierra lo avanzado en los últimos seis años por la COVAJ-Ayotzinapa y la UEILCA de la FGR, y en nada beneficia el curso de las investigaciones”.

Además, solicitó al Tribunal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción para conocer del cumplimiento del amparo en revisión, por tratarse de un asunto de interés y trascendencia nacional.