Carnaval en polémica: detienen a hombre por usar botarga alusiva al “Seso Loco”, sobrino de Layda Sansores, en Campeche

Un hecho insólito y polémico marcó el tercer y último día del tradicional Carnaval de Ciudad del Carmen cuando policías municipales detuvieron, sometieron y golpearon a un hombre que participaba en el desfile portando una botarga alusiva a Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

El detenido, Aramis González Barrera, caminó varios tramos del desfile repartiendo pelotas y sin alterar el orden, hasta que fue interceptado por autoridades. Familiares afirmaron que el arresto se produjo luego de que personal de Protección Civil le ordenara retirar el disfraz, lo cual no acató.

Minutos después González Barrera fue trasladado a un centro de detención y, tras pagar una multa de 4 mil pesos, recobró su libertad horas más tarde.

El incidente quedó grabado en video y difundido en redes, lo que inmediatamente generó reacciones encontradas entre ciudadanos y usuarios de internet, varios de los cuales calificaron la detención como un “exceso de autoridad y abuso de poder” durante una festividad tradicional.

¿Quién es “Seso Loco”?

La botarga en cuestión imitaba la figura de Gerardo Sánchez Sansores, conocido como “Seso Loco”, sobrino de la mandataria estatal Layda Sansores y una figura con notoriedad política en Campeche. Aunque no ocupa ningún cargo formal en el gabinete, se le reconoce por su influencia en temas políticos locales y su presencia en eventos con la gobernadora.

Sánchez Sansores ha expresado su interés en contender por la gubernatura de Campeche en 2027, lo cual ha generado atención mediática y debates sobre su papel dentro del entorno político local.

Repercusiones y debate público

Tras la difusión de imágenes y relatos del arresto, cibernautas criticaron el actuar de la policía, describiéndolo como represión durante el carnaval y cuestionando si se respetaron derechos como la libertad de expresión y la participación cívica.

Este caso abrió un debate sobre los límites del control policial en festejos masivos, así como sobre la intromisión de figuras políticas en eventos culturales.