La Suprema Corte ordena juzgar con perspectiva de género a mujeres acusadas de secuestro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los casos penales en los que participen mujeres acusadas del delito de secuestro deben analizarse obligatoriamente con perspectiva de género e interseccionalidad.

El máximo tribunal advirtió que cuando la intervención de una mujer se limita a tareas de cuidado o alimentación de la víctima, los jueces deben evaluar su nivel real de control y participación, ya que ello puede modificar la calificación jurídica del delito y la pena aplicable.

La decisión se tomó al resolver el Amparo Directo en Revisión 5757/2025, proyecto presentado por la ministra Estela Ríos, quien expuso que no puede equipararse automáticamente la conducta de una mujer en funciones subordinadas con la coautoría plena del delito.

SCJN: Perspectiva de género en casos de secuestro

En su resolución, la Corte señaló que el tribunal colegiado que revisó el caso omitió analizar el contexto de posible violencia, subordinación o coerción en el que se encontraba la mujer sentenciada.

Por ello, el asunto fue devuelto para que se emita una nueva sentencia con un análisis integral.

El proyecto subraya que si la participación no fue fundamental en la planeación o ejecución del secuestro, no se actualiza la coautoría, sino una participación secundaria, lo que implicaría una reducción de la sanción penal.

Asimismo, se declararon fundados los agravios relacionados con el reconocimiento de la acusada mediante fotografía y voz, ya que no se acreditó que dichos procedimientos cumplieran con las formalidades constitucionales ni que se evitara la inducción en la identificación realizada por la víctima.

¿Cómo se juzga actualmente a mujeres por secuestro en México?

Actualmente, las mujeres acusadas de secuestro son procesadas bajo los mismos tipos penales que los hombres, principalmente conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Las penas pueden superar los 100 años de prisión, dependiendo de las agravantes.

No obstante, el sistema judicial está obligado a aplicar perspectiva de género, lo que implica analizar si la mujer actuó bajo amenazas, violencia de pareja, dependencia económica o presión de grupos criminales.

Formas en que se acusa a mujeres por secuestro

Las investigaciones y procesos judiciales muestran distintos niveles de participación:

• Coautoras o participantes activas: cuando intervienen en la planeación, vigilancia, retención de la víctima o negociación del rescate.
• Roles de cuidado y vigilancia: custodia durante el cautiverio, lo que suele considerarse coautoría o complicidad.
• Engaño o captación de víctimas: generación de confianza para facilitar la privación de la libertad, incluidos secuestros virtuales.
• Acusaciones injustas: casos derivados de disputas familiares o señalamientos erróneos, como en conflictos de custodia.

Factores judiciales clave: coacción y riesgo de tortura

La SCJN ha reiterado que las autoridades deben investigar si existió coacción, violencia o subordinación.

Diversos casos han documentado denuncias de mujeres que aseguran haber sido obligadas por sus parejas o por integrantes de organizaciones criminales a participar en delitos.

También se han reportado señalamientos de tortura o presiones indebidas para obtener confesiones, lo que obliga a los jueces a revisar con especial cuidado la legalidad de las pruebas.

Aumento de mujeres presas por crimen organizado

En los últimos años se ha registrado un incremento en el número de mujeres privadas de la libertad por delitos vinculados al crimen organizado, incluido el secuestro.

Entidades como el Estado de México figuran entre las que presentan mayores incidencias.

Con esta resolución, la Suprema Corte marca un precedente relevante: no todas las intervenciones dentro de un secuestro implican el mismo grado de responsabilidad penal.

La aplicación efectiva de la perspectiva de género podría incidir tanto en la valoración de pruebas como en la individualización de las penas, reforzando la obligación del Estado de juzgar con un enfoque diferenciado y acorde al contexto de cada caso.