Operativo de búsqueda por mineros desaparecidos en Concordia deja cuatro detenidos

El operativo desplegado para localizar a los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, ha resultado en la detención de cuatro personas en dos acciones separadas, así como en el aseguramiento de armas, municiones y equipo táctico.

En una primera intervención, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa confirmó la detención de un hombre y una mujer armados en las inmediaciones del poblado La Concepción. Al intentar huir de las fuerzas de seguridad, ambos fueron alcanzados y les decomisaron un fusil SCAR Multi-Caliber calibre 7.62x51 mm, una pistola Glock 22 calibre .40, tres cargadores y más de 50 cartuchos útiles.

En una segunda acción, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y fuerzas federales detuvieron a otros dos civiles en las inmediaciones del poblado El Verde, también en Concordia.

A estos individuos se les aseguraron dos armas largas tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, ocho cargadores, 240 cartuchos y dos chalecos tácticos.

Los civiles, junto con las armas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y ya se investiga su posible vínculo con la desaparición de los trabajadores mineros, de quienes se desconoce su paradero desde el pasado 23 de enero.

En las acciones participaron el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Cateos, despliegue militar y hallazgos

Más temprano, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que hasta el momento se han realizado cinco cateos en Mazatlán y Concordia como parte de la investigación.

De estos, cuatro se efectuaron en Concordia —dos en la cabecera municipal y dos en zonas serranas— y uno más en Mazatlán. Durante los operativos se localizaron pertenencias y documentos que podrían estar relacionados con los mineros desaparecidos, así como teléfonos celulares, una laptop y tarjetas de identificación que ya están siendo analizados por peritos tecnológicos.

Para estos peritajes, se solicitó y obtuvo autorización judicial para acceder a la información de los concesionarios de telefonía. Se espera que los resultados contribuyan a avanzar en la localización de los desaparecidos.

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, detalló que la carpeta de investigación se abrió el 24 de enero, un día después de la desaparición, y que las acciones se han coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. El despliegue incluye más de 1,190 elementos, apoyados por helicópteros artillados, avionetas y células de inteligencia.

Hasta el momento, solo se han formalizado cinco denuncias por la desaparición de los mineros, provenientes de Zacatecas, Sonora y Guerrero, aunque la empresa Vizsla Silver reportó inicialmente la desaparición de 10 trabajadores y familiares han señalado que el número de personas no localizadas podría ser de 14.

La fiscal reiteró que la falta de denuncias limita el alcance legal de las diligencias e hizo un llamado a las familias y a la empresa a formalizar los reportes restantes.

¿Qué se sabe de las víctimas?

Los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, fueron secuestrados la mañana del 23 de enero de 2026 en dos acciones prácticamente simultáneas:

• Un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, donde los trabajadores pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina, y los privó de la libertad cuando se preparaban para iniciar su jornada laboral. Según testimonios de familiares, los empleados se encontraban en el área de descanso y estaban por abordar las camionetas que los llevarían a la mina cuando fueron interceptados y obligados a subir a vehículos por los hombres armados.
• En un hecho paralelo, otro grupo de víctimas fue privado de la libertad en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, a las afueras del municipio de Concordia, mientras esperaban transporte para dirigirse a sus actividades mineras.

De acuerdo con los relatos, no hubo amenazas previas directas y el ataque fue sorpresivo. Las familias sólo supieron de la desaparición cuando perdieron comunicación con los trabajadores y, tras buscar información, recibieron confirmación por parte de la empresa de que habían sido “levantados” por un comando.

Las familias de los mineros desaparecidos insisten en la inocencia de sus seres queridos: “Son personas buenas, son personas trabajadoras, no están relacionadas con absolutamente nada de la mafia ni nada de eso. Son personas que fueron a trabajar para tener un sustento para sus familias”, han contado a medios.

Entre los secuestrados hay ingenieros, geólogos, coordinadores de seguridad, responsables de relaciones comunitarias y de medio ambiente, todos perfiles clave para la operación de una mina.