Suprema Corte analiza proyecto que buscaría eliminar aviso de despido: colectivos advierten vulneración de derechos laborales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá un proyecto de resolución que ha encendido la alarma entre especialistas en derecho laboral por las posibles consecuencias que podría tener para los trabajadores en casos de despido injustificado.

La iniciativa, promovida por el ministro Irving Espinosa Betanzo, busca establecer un nuevo criterio sobre cuándo debe comenzar a contarse el plazo de prescripción para interponer una demanda tras la separación laboral. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo dispone que ese plazo de dos meses empieza a partir de que el trabajador es notificado de manera formal sobre el cese, con aviso fundado y motivado por parte del empleador.

El proyecto plantea que, en situaciones donde el trabajador se separe físicamente de su empleo sin que exista una notificación escrita, el reloj legal empiece a correr desde el día siguiente a la separación. Para varios abogados laboralistas esta modificación podría trasladar la carga de responsabilidad al trabajador y debilitar las garantías que brindan las formalidades actuales.

Según críticos de la propuesta, si el plazo de prescripción se activa sin un aviso formal, un trabajador podría perder su derecho a reclamar legalmente sin siquiera saber las razones oficiales de su despido. Argumentan que el requisito de notificación ha servido tradicionalmente como un mecanismo de certeza jurídica y protección, y que eliminarlo puede favorecer prácticas poco transparentes por parte de empleadores.

El debate se da en un contexto en el que el sistema de justicia laboral busca garantizar equilibrios entre empleadores y trabajadores, con mecanismos como la conciliación previa obligatoria y procedimientos ágiles. Para algunos especialistas, la reforma propuesta amenaza con profundizar desigualdades, especialmente en sectores con alta informalidad y menor acceso a asesoría legal.

Adicionalmente, se ha reportado que algunos grupos de abogados han insistido ante la SCJN en revisar con mayor detalle este proyecto, lo que podría llevar a que el tema sea replanteado o incluso retirado para un análisis más profundo de sus efectos.