La revocación de mandato, presentada como uno de los pilares de la democracia participativa impulsada por la Cuarta Transformación, enfrenta hoy un desafío central: la baja participación ciudadana.
A más de tres años de su incorporación plena al marco constitucional y tras dos ejercicios relevantes, el federal de 2022 y el reciente proceso estatal en Oaxaca, el instrumento no ha logrado alcanzar el umbral necesario para que sus resultados sean vinculantes, lo que ha abierto un debate sobre su eficacia y legitimidad.
El caso de Oaxaca, donde el gobernador Salomón Jara Cruz se convirtió en el primer mandatario estatal en someterse a una revocación de mandato, volvió a poner en el centro de la discusión si este mecanismo cumple su función de control ciudadano o si se ha transformado en un ejercicio político sin impacto real.
Revocación de mandato en México: origen, objetivo y marco legal
La revocación de mandato es un instrumento de democracia directa que permite a la ciudadanía decidir, a mitad del periodo constitucional, si un gobernante electo debe continuar en el cargo o ser removido por pérdida de confianza.
En el ámbito federal, quedó establecida tras una reforma constitucional aprobada en 2021, a iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mecanismo establece reglas específicas: la solicitud debe ser respaldada por al menos el 3% de la lista nominal y, para que el resultado sea vinculante, debe participar un mínimo del 40% del padrón electoral.
En teoría, se trata de una herramienta que fortalece la rendición de cuentas y permite evaluar el desempeño de los gobernantes sin esperar a la siguiente elección.
No obstante, desde su implementación, la revocación ha enfrentado cuestionamientos sobre su diseño, su promoción y su verdadera naturaleza como ejercicio ciudadano.
El antecedente federal: la revocación de AMLO y la baja participación
El 10 de abril de 2022 se celebró la primera y única revocación de mandato presidencial en la historia de México.
En dicha consulta, la ciudadanía decidió mayoritariamente que Andrés Manuel López Obrador continuara en el cargo: más del 91% de los votos fueron a favor de su permanencia, frente a un porcentaje mínimo que optó por la revocación.
Sin embargo, el dato clave fue la participación: apenas el 17.77% de la lista nominal acudió a las urnas, muy por debajo del 40% requerido para que el resultado tuviera efectos legales.
Aunque el presidente concluyó su mandato conforme a lo previsto, el ejercicio evidenció una desconexión entre el discurso de participación ciudadana y la respuesta real del electorado.
Para sectores de la oposición, la consulta funcionó más como un ejercicio de movilización política que como un mecanismo auténtico de evaluación ciudadana. Aun así, el proceso sentó un precedente que hoy comienza a replicarse en los estados.
Oaxaca y la primera revocación estatal: un ejercicio sin mayoría
Este domingo, Oaxaca marcó un hito al convertirse en la primera entidad del país en someter a su gobernador a una revocación de mandato.
Más de tres millones de ciudadanos fueron convocados para decidir si Salomón Jara Cruz debía continuar en el cargo o dejarlo por pérdida de confianza.
De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), se instalaron 2 mil 816 casillas en las ocho regiones del estado y se acreditaron 838 personas observadoras.
El órgano electoral informó que se suspendió la propaganda gubernamental y se coordinaron acciones de seguridad para garantizar el desarrollo de la jornada.
Pese a ello, la participación se ubicó alrededor del 30%, insuficiente para alcanzar el umbral legal del 40%, por lo que el resultado no fue vinculante.
Dirigentes del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y del propio Partido del Trabajo cuestionaron el proceso, al señalar que no respondió a una exigencia social genuina y que careció de condiciones de equidad.
Las autoridades electorales defendieron la legalidad y organización del ejercicio, subrayando su carácter histórico, aunque el debate sobre su legitimidad permanece abierto.
Sheinbaum y el futuro de la revocación de mandato en los estados
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que se someterá a la revocación de mandato en 2027, al sostener que se trata de un compromiso asumido por la propia Cuarta Transformación.
Morena ha impulsado iniciativas para empatar la consulta con las elecciones intermedias, con el objetivo de aumentar la participación ciudadana.
Sheinbaum también ha señalado que cada entidad deberá definir, conforme a sus constituciones locales, si sus gobernadores participan en este mecanismo. Oaxaca e Hidalgo han sido mencionados como ejemplos de estados que ya han planteado esta posibilidad.
No obstante, analistas advierten que mientras la revocación de mandato no logre despertar un interés ciudadano amplio y sostenido, seguirá siendo un ejercicio con bajo impacto democrático.
Principales cuestionamientos al mecanismo de revocación
- Participación ciudadana insuficiente para que los resultados sean vinculantes
- Percepción de que es un ejercicio impulsado desde el poder y no desde la ciudadanía
- Apatía social frente a un mecanismo reciente y poco comprendido
- Dudas sobre su efectividad como herramienta real de rendición de cuentas
A más de tres años de su primera aplicación, la revocación de mandato en México continúa siendo una figura en construcción.
Su viabilidad como instrumento de control ciudadano dependerá de si logra trascender el discurso político y consolidarse como un ejercicio genuinamente democrático.
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