Auditoría de Guerrero desmiente que Abelina López esté libre de observaciones y confirma que la revisión fiscal continúa

La alcaldesa de Acapulco es auditada por presuntas irregularidades en el manejo de casi 900 millones de pesos en recursos federales

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No existe carta de liberación
No existe carta de liberación ni conclusión sin observaciones para el Ayuntamiento de Acapulco.

a Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) desmintió públicamente que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, cuente con una “carta de liberación” o haya concluido sin observaciones la revisión de la cuenta pública 2023.

El órgano fiscalizador aclaró que los procesos de auditoría continúan vigentes, pese a que la presidenta municipal aseguró que no tiene problemas con la ley ni con las autoridades fiscalizadoras.

ASE aclara: no existe carta de liberación para la alcaldesa de Acapulco

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Auditoría estatal precisó que el documento presentado por Abelina López no es una carta de liberación, sino un pronunciamiento de solicitud de aclaración derivado de la revisión del Ramo 28 de Participaciones Federales.

La Auditoría Superior del Estado
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero aclaró que no existe carta de liberación para la alcaldesa de Acapulco.

La ASE subrayó que este tipo de pronunciamientos no implica la conclusión de una auditoría ni la solventación total de observaciones, por lo que resulta incorrecto afirmar que el Ayuntamiento de Acapulco fue exonerado del ejercicio fiscal 2023.

¿Por qué se audita a Abelina López? Claves de la fiscalización 2023

La revisión al gobierno municipal de Acapulco se originó por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales, cuyo monto asciende a cerca de 898 millones de pesos, correspondientes principalmente al Ramo 33, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Entre los principales motivos de la auditoría se encuentran:

  • Falta de comprobación del uso de recursos federales destinados a obras y servicios básicos
  • Observaciones por casi 900 millones de pesos en la cuenta pública 2023
  • Posible uso de empresas irregulares para la asignación de contratos
  • Diferencias legales sobre la competencia de la Auditoría estatal para fiscalizar recursos federales

La ASE explicó que estas revisiones se realizan con base en un convenio de colaboración firmado con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en abril de 2024, lo que faculta legalmente al órgano estatal a auditar determinados fondos.

“No tengo problemas con la ley”, afirma Abelina López

Previo al comunicado de la Auditoría, la alcaldesa de Acapulco declaró públicamente que no tiene problemas con la ley ni con la Auditoría Superior de la Federación, asegurando que las observaciones correspondientes a 2023 ya fueron solventadas.

La alcaldesa de Acapulco aseguró
La alcaldesa de Acapulco aseguró que no tiene problemas con la ley ni con las autoridades fiscalizadoras.

“Yo jamás me he negado a rendir cuentas. No tengo problemas con la Auditoría, tengo solventado el 2023”, afirmó la edil, quien también señaló que su administración ya fue revisada por instancias federales y que no existe ninguna irregularidad administrativa.

Asimismo, Abelina López ha sostenido que los señalamientos en su contra responden a motivaciones políticas, calificando las auditorías como una forma de persecución.

Auditoría sigue en curso y esperan resolución de la SCJN

La Auditoría Superior del Estado reiteró que, además del Ramo 28, sigue activo un proceso de fiscalización distinto relacionado con el Ramo 33, el cual corresponde a conceptos y procedimientos diferentes a los mencionados por la alcaldesa.

La ASE respetará el debido
La ASE respetará el debido proceso y acatará la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Finalmente, la ASE informó que respetará el debido proceso y acatará la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el marco de la controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco, pero dejó claro que no existe exoneración alguna y que la fiscalización permanece abierta.