A poco más de una semana del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, víctimas directas del accidente presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra empresas constructoras y servidores públicos que participaron en el desarrollo del proyecto ferroviario.
La querella busca esclarecer las causas del siniestro y deslindar responsabilidades penales y administrativas por las lesiones, daños materiales y afectaciones sufridas.
La acción legal fue promovida por Juan Manuel Iglesias, su esposa Flor del Carmen Temich y su hijo Alexis, una familia originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que resultó lesionada el pasado 28 de diciembre cuando viajaba en el tren con destino a Oaxaca, donde pretendían entregar ayuda humanitaria.
Irregularidades detectadas desde 2019
El abogado Adrián Arellano, representante legal de las víctimas, explicó que la denuncia se sustenta en los informes emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales han documentado irregularidades de manera reiterada desde 2019 hasta la auditoría más reciente, realizada en febrero de 2025.
De acuerdo con la defensa, dichos reportes advierten una deficiente supervisión de la obra, fallas en la construcción y problemas en los trabajos de rehabilitación de las vías ferroviarias.
Arellano detalló que, además de las deficiencias técnicas, la ASF detectó la ausencia de evidencia documental y fotográfica que acredite la correcta ejecución de ciertos trabajos para los que fueron contratadas diversas empresas.
Estas omisiones, señaló, habrían generado condiciones de riesgo que pudieron influir directamente en el descarrilamiento del tren.
Delitos denunciados y alcance de la querella
La denuncia presentada ante la FGR contempla los delitos de lesiones, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
De manera inicial, la querella se dirige contra tres empresas constructoras y contra servidores públicos que hayan tenido responsabilidad en la planeación, supervisión y ejecución del proyecto ferroviario.
Las empresas señaladas en la denuncia son:
- COMSA Infraestructuras S.A. de C.V.
- Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V.
- Daniferrotools S.A. de C.V.
La defensa aclaró que la investigación podría ampliarse conforme avance el proceso y se integren nuevos elementos que permitan identificar a otros posibles responsables, tanto del ámbito público como privado.
Testimonio de las víctimas
Juan Manuel Iglesias señaló que el objetivo de la denuncia es llegar “hasta aquellos que omitieron su trabajo” y que, presuntamente, incurrieron en actos de corrupción.
Afirmó que no debe existir un trato diferenciado para ningún funcionario público involucrado en el proyecto, sin importar su nivel o relevancia.
El denunciante también relató las dificultades que enfrentó su familia tras el accidente, particularmente en el traslado y la atención médica.
Explicó que fueron enviados a distintos hospitales antes de ser trasladados a la ciudad de Oaxaca, lo que evidenció, a su juicio, una falta de coordinación entre las autoridades de salud.
Si bien reconoció el apoyo recibido por parte del personal médico, también señaló carencias en hospitales públicos y un trato poco sensible hacia los familiares de las personas lesionadas.
Claudia Sheinbaum opina sobre la demanda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre el caso y reconoció el derecho de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico a presentar denuncias ante las autoridades correspondientes.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la FGR tiene la obligación de investigar el accidente y confirmó que las indagatorias ya se encuentran en curso.
Sheinbaum informó además que, hasta el momento, once personas permanecen hospitalizadas a causa del descarrilamiento y señaló que no ha recibido quejas formales por parte de los familiares de las víctimas, aunque reiteró que el Gobierno federal dará seguimiento a las investigaciones.
Llamado a otras personas afectadas
Los abogados de las víctimas indicaron que aún no es posible estimar cuánto tiempo durarán las investigaciones, pero hicieron un llamado a otras personas afectadas por el accidente para que presenten sus propias denuncias.
Señalaron que el objetivo es evitar que el caso quede en el olvido y que se repitan escenarios similares a otros accidentes ocurridos en el país, donde, dijeron, no se esclarecieron plenamente las responsabilidades.
La denuncia ante la FGR marca el inicio de un proceso legal que busca esclarecer las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico y determinar si las presuntas irregularidades señaladas por la ASF tuvieron un papel determinante en el accidente.
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