En los últimos años la crisis de inseguridad ha alcanzado a la esfera política, causando muertes de alto impacto como la de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, o del diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Aunque la violencia de este tipo suele recrudecer en periodos electorales, el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en Michoacán, dejó en evidencia que este año se contabilizaron siete asesinatos de presidentes municipales.
Funcionarios públicos en la mira del crimen organizado
El registro de asesinatos de actores políticos en México ha alcanzado cifras alarmantes en 2025, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Según datos de Causa en Común, al menos 56 homicidios de figuras políticas han ocurrido en lo que va del año, lo que refleja una agudización de la violencia dirigida contra autoridades y funcionarios públicos en diversas regiones del país.
Entre los casos más recientes, el de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, destacó por la forma en que fue ejecutado: el ataque sucedió en pleno centro de la ciudad durante un evento público por el Día de Muertos.
Durante la agresión, uno de los atacantes fue abatido, aunque las autoridades estatales aún no han logrado identificarlo, según informó Causa en Común.
Este hecho se suma a una serie de atentados contra alcaldes en distintos estados, donde la violencia ha cobrado la vida de siete presidentes municipales en lo que va del año.
Los alcaldes, entre las principales víctimas
En el sur del país, el 15 de mayo ocurrió el asesinato de Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, junto con dos de sus escoltas, en el estado de Oaxaca.
Días después, el 2 de junio, Isaías Rojas, mandatario municipal de Metlatónoc, falleció en un hospital tras sufrir un intento de asalto en la autopista del Sol, en Guerrero.
El 6 de junio, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, y su escolta también fueron asesinados en la cabecera municipal.
El 15 de junio, un grupo armado ingresó al Palacio Municipal de San Mateo Piñas y asesinó a la alcaldesa Lilia García Soto, mientras que dos días después, el 17 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza, y su esposo, Ulises Ochoa, fueron atacados a tiros frente a su domicilio en Michoacán.
Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, fue ejecutado el 20 de octubre en el exterior de su domicilio.
De acuerdo con el registro de Causa en Común, este caso agrava la percepción de inseguridad que enfrentan los servidores públicos locales, especialmente en zonas con alta incidencia delictiva.
Ataques contra otros funcionarios de alto rango
Fue el caso de Andrei Gamboa, director de Gobernación del ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, ejecutado en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz.
Por otra parte, en el estado de Morelos, cinco candidatos a la presidencia de bienes comunales en Huitzilac fueron asesinados el 13 de enero en el interior de un domicilio.
Las víctimas fueron identificadas como Silvia “N”, Juan Carlos “N”, Juan Manuel “N”, Juan “N” y Álvaro “N”.
Directores de seguridad, otro grupo afectado
En el ámbito de la seguridad pública, la muerte de Jaime Maciel Ramírez, director de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, en Guerrero, ocurrió en febrero en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, lo que evidenció la vulnerabilidad de quienes ocupan cargos esenciales en la lucha contra el crimen.
El sector judicial también ha sido blanco de la violencia, con el hallazgo del cuerpo sin vida de Everardo Maya Arias, juez tercero de distrito en materia de amparo en el Estado de México.
Su cuerpo fue localizado en un camino de terracería cercano al panteón Santa Cruz Cuauhtenco, en el municipio de Zinacantepec.
De acuerdo con el recuento de Causa en Común, los asesinatos de actores políticos y funcionarios en diferentes entidades reflejan los riesgos crecientes que enfrentan quienes desempeñan cargos de representación y servicio público en el país.
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