Pese a disculpa pública, piden destitución de secretaria de Cultura de Guerrero por homenaje a Rubén Figueroa

El 9 de noviembre de 2025, la Secretaría de Cultura de Guerrero realizó un homenaje al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, figura directamente vinculada a la represión estatal durante la guerra sucia.

El acto desencadenó una ola de repudio inmediato por parte de víctimas, familiares de desaparecidos y colectivos sociales, quienes consideraron el homenaje una ofensa a la memoria, la dignidad y los derechos humanos de quienes sufrieron violencia durante ese periodo.

La titular de la dependencia, Aida Melina Martinez Rebolledo, emitió el 23 de diciembre una disculpa pública a través de sus redes sociales, aunque organizaciones y agraviados señalaron que esa respuesta resultaba insuficiente y reclamaron la intervención de la gobernadora y una reparación integral.

Rechazo al homenaje a Rubén Figueroa Figueroa

En su pronunciamiento, Martinez Rebolledo dirigió palabras a víctimas, comunidades culturales, pueblos originarios y a la sociedad guerrerense, reconociendo el agravio que generó el homenaje.

Expresó: “Desde la reflexión profunda y la autocrítica ofrezco una disculpa pública, sincera y sin matices, pues ninguna ley ni reglamento puede estar por encima de la dignidad humana y el dolor de las víctimas”.

Aceptó que honrar a Figueroa Figueroa representó un error y un acto de revictimización, contraviniendo los principios de verdad y justicia, y se comprometió a revisar el calendario cívico estatal, impulsar reformas jurídicas que prohíban exaltar a quienes vulneraron derechos humanos y asumir acciones para dignificar a las víctimas desde los espacios oficiales.

Demandas de víctimas y colectivos

La reacción social fue inmediata. Colectivos, entre ellos organizaciones campesinas, artísticas y de derechos humanos, junto a familiares de desaparecidos, exigieron tanto una disculpa formal del gobierno encabezado por Evelyn Salgado Pineda como la destitución de la secretaria de Cultura.

Al menos 570 representantes desconocieron la validez de la disculpa emitida en redes sociales y demandaron que la gobernadora sea quien, ante el Congreso local y con la presencia de víctimas, ofrezca una disculpa pública transmitida de manera amplia.

Las organizaciones reclamaron también la aplicación rigurosa de protocolos de dignificación a las víctimas, la garantía de que ningún espacio público lleve el nombre de responsables de violaciones a derechos humanos y la reparación plena del agravio.

Además, se subrayó que la revisión del calendario cívico estatal carece de legitimidad al haberse realizado sin consulta ni participación de voces especializadas y agraviadas, lo que genera dudas sobre su representatividad.

Ante rumores sobre su posible renuncia después de la controversia, la secretaria Martinez Rebolledo aclaró que permanecería en el cargo y seguiría adelante con la reforma cultural estatal.

Señaló que continuará trabajando en el programa estatal y en coordinación con las comunidades artísticas, abriendo espacios para el diálogo y la autocrítica institucional.

“El diálogo siempre va a estar abierto, es la mejor vía para construir y no para destruir”, manifestó, reiterando el reconocimiento de errores desde el gobierno.

Reacciones institucionales y creación de una comisión revisora

En respuesta a las críticas, la administración estatal anunció la creación de una comisión para la revisión y actualización del calendario cívico, con el propósito de evitar que personas identificadas como responsables de represión sean exaltadas en celebraciones estatales.

El 22 de diciembre, la Secretaría de Cultura entregó un dictamen técnico-jurídico que respalda la reforma al artículo 30 de la Ley Número 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia, iniciativa que será evaluada por la Consejería Jurídica estatal antes de ser enviada al Congreso local.

Aunque se promovió una convocatoria pública para recabar propuestas, colectivos denunciaron falta de transparencia y la ausencia de representantes legítimos de las víctimas y expertos en el proceso.

A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el 12 de noviembre una recomendación dirigida a la titular del Poder Ejecutivo de Guerrero para implementar disculpas públicas y actos de reparación ajustados a estándares internacionales y la legislación vigente.

Paralelamente, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el homenaje durante una conferencia y recalcó la importancia de revisar el calendario de conmemoraciones cívicas, con el objetivo de evitar la exaltación de figuras antagónicas a la historia de lucha.

Testimonios y movilización en defensa de la memoria histórica

Las voces de los sobrevivientes de la represión mantienen vigente la exigencia por justicia. María Argüello Vázquez, exintegrante del Partido de los Pobres y una de las sobrevivientes de la emboscada militar que concluyó con el rescate de Figueroa Figueroa en 1974, compartió su testimonio sobre las violencias vividas y las pérdidas sufridas por su militancia.

Argüello, junto a familiares y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, ha regresado a lugares donde se presume que están enterrados desaparecidos y asesinados durante la guerra sucia, reafirmando la demanda de verdad y memoria histórica.

La persistencia de testimonios y el compromiso de familiares y organizaciones sostienen la exigencia de que se elimine todo reconocimiento público a los responsables de crímenes de Estado y se consoliden reformas legales junto con actos efectivos de reparación.

Los colectivos recordaron que la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH por parte del gobierno implica desacato y perpetúa heridas causadas por décadas de violencia institucional.

Mientras la gobernadora Salgado Pineda no responda formalmente a estas demandas, los colectivos han convocado a una manifestación el 12 de enero de 2026 ante el Congreso estatal, con el objetivo de visibilizar el rechazo social, exigir transparencia, inclusión y una disculpa pública efectiva que supere el ámbito digital.

La sociedad civil de Guerrero sostiene que la justicia y la memoria requieren actos concretos y reconocimiento institucional, no simples gestos formales o procesos cerrados.