En diferentes estados de México, el riesgo de morir asesinado siendo policía es hasta 30 veces mayor que para cualquier ciudadano. Las carencias estructurales, normativas y presupuestales agravan una problemática poco visibilizada por las instituciones oficiales.
Así lo manifestó el especialista Daniel Gómez Tagle, fundador de Proyecto Azul Cobalto y advirtió durante la presentación pública del informe en conjunto con Global Thought que “la violencia hacia la policía en México es un problema de seguridad pública”.
Gómez Tagle explicó que la motivación inicial para recopilar bases de datos independientes surgió a partir del registro periodístico de homicidios de policías impulsado por Causa en Común.
En su experiencia profesional como proveedor de equipos para fuerzas de seguridad, identificó que “muchos policías no saben cómo usar el equipamiento que compran”, en parte debido a la falta de información técnica que trasladan los fabricantes.
Esta carencia de conocimiento, sumada a la inexistencia de protocolos adaptados a los riesgos reales del trabajo policial en México, fue uno de los detonantes para desarrollar una metodología propia, que incluyó variables como el lugar del asesinato, el contexto de la muerte, el tipo de arma y si el agente se encontraba en servicio o fuera de él.

Policías asesinados en operativos
En la revisión de casos, Proyecto Azul Cobalto puso énfasis en los detalles operativos. Según su registro, “alrededor del 40 % de los policías asesinados estaban procesando una detención o durante una inspección de rutina”.
Destacó que en Estados Unidos los procesos de capacitación identifican que el momento de mayor peligro es la colocación del segundo grillete, etapa crítica durante la detención pero en México “no existe un protocolo nacional adaptado a las calles del país” ni un estándar homologado sobre la tenencia y uso del equipamiento.
Durante el periodo analizado, que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, que comprendió del año 2012 al 2017, el equipo voluntario logró identificar 499 casos específicos de policías asesinados a través de registros hemerográficos, en contraste con los más de 800 que reportó el INEGI.
Esta diferencia, sostuvo el creador de Azul Cobalto, responde tanto a la falta de metodología oficial como a un fenómeno de desinterés administrativo: “mientras tienes contrato y trabajas como policía, la probabilidad de ser asesinado puede ser hasta 30 veces más alta que la de un civil según el estado de la República”
Agregó que “durante el gobierno de Peña Nieto, el INEGI no contaba con los mecanismos necesarios para registrar muertes fuera de servicio, incluso cuando estas respondían a motivaciones ligadas a la función policial”.

Estados del norte y el fallecimiento de policías
Por otro lado, el informe recogido en la conferencia, subrayó que las principales regiones de ocurrencia de asesinatos fueron la zona norte del país, con estados como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
También sobresalen Guerrero y Veracruz, donde los episodios de violencia se vinculan a la operación de cárteles y ajustes de cuentas.
Azul Cobalto señala que el arma de fuego es la herramienta más usada contra policías, debido a su utilidad para causar daño a distancia, pero también se han documentado ataques con explosivos, coches bomba, armas blancas, e incluso violencia física con piedras o palos, sobre todo en escenarios de protesta.
Un ejemplo de agresión grupal destacada fue la emboscada en Jalisco, donde 15 agentes murieron tras una acción de venganza organizada por narcotraficantes vinculada al asesinato de un líder criminal.
Según el análisis, muchos policías mexicanos pierden la vida fuera del servicio o en franco, muchas veces en la vía pública, mientras llevaban a cabo tareas cotidianas como acudir a restaurantes, peluquerías o escuelas.

Alcances de la violencia
La violencia incluso afecta a sus familiares directos, pues existen registros de ataques a las infancias y parejas de los agentes, además de homicidios cometidos en el interior de sus domicilios.
El informe añade que también han existido casos de policías asesinados por otros policías, lo cual expone una problemática vinculada a la violencia institucional.
Así, la vulnerabilidad es mayor en el nivel municipal, considerado clave por el crimen organizado para ejercer control territorial y obtener información sensible. Azul Cobalto, citando datos del informe Votar entre Balas, advirtió que los agentes municipales representan el grupo más expuesto y con mayores deficit de protección.
El voluntariado participante en la recopilación de datos subrayó la precariedad laboral, la deficiente capacitación y la escasa protección legal, hechos que favorecen la repetición y el agravamiento de ataques.
Durante la conferencia, Gómez Tagle planteó que la definición del fenómeno como “policidio” es útil para delimitar las agresiones motivadas por la función policial, tanto en servicio como fuera de él.

Carencias de las autoridades
Esta conceptualización, sostuvo, resulta fundamental dado que el marco regulatorio mexicano no contempla una definición precisa de “policía”, ni como institución ni como sujeto individual, y que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza solo detalla atribuciones operativas sin precisar obligaciones ni mecanismos reales de protección.
Entre otros hallazgos, el equipo de Azul Cobalto destacó que cada año mueren al menos dos policías a causa de accidentes al caer de la batea de una patrulla, dato que revela carencias en protocolos de traslado y falta de supervisión en la operabilidad cotidiana.
El especialista hizo hincapié en que la tendencia observada durante la administración de Peña Nieto se agravó en los primeros años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. “El problema no son los individuos, sino el modelo policial en conjunto.
La estrategia de seguridad ejecutada no corresponde a una realidad operacional ni tiene fundamento técnico. Al día de hoy, el policía perdió su calidad de ciudadano”, afirmó Gómez Tagle.
Azul Cobalto, que mantiene en línea una base pública con información estadística, nombres y casos, llamó a la revisión estructural del modelo de seguridad.
El equipo concluyó que la exposición extrema que vive el personal de seguridad, la deficiente protección laboral y la falta de políticas basadas en evidencia sitúan a los policías mexicanos en una situación de desamparo y de alto riesgo estructural mientras cumplen sus funciones.
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