Organizaciones de la sociedad civil protestaron frente a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, el pasado martes 9 de diciembre expresando su rechazo a la aprobación acelerada de la Ley de Economía Circular; los colectivos exigieron frenar el proceso legislativo para garantizar la inclusión de la sociedad civil, especialistas y comunidades en su revisión.
Las agrupaciones Acción Ecológica, El Poder del Consumidor, Fronteras Comunes, Asociación Ecológica Santo Tomás, No Es Basura (NEB) y Greenpeace México acusaron una “simulación” en el proceso legislativo al señalar que la iniciativa fue elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y acompañada por el sector privado, sin participación de actores sociales.
Los representantes denunciaron la violación del Acuerdo de Escazú —Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe— y el incumplimiento de obligaciones judiciales previas, como la exigencia de legislar la prohibición de plásticos de un solo uso.
Asimismo, destacaron cuatro aspectos centrales por los que consideran que la ley no debe ser aprobada:
- La propuesta prioriza la termovalorización —quema de residuos para generación de energía—, práctica considerada contaminante y contraria al principio de prevención de la economía circular.
- Aseguran que predomina el enfoque económico por sobre la salud y el ambiente, trasladando el control de acuerdos a la Secretaría de Economía y permitiendo mecanismos cuestionados como los créditos de carbono y bonos verdes.
- Criticaron el mantenimiento del modelo lineal de consumo y la debilitación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), pues la iniciativa no impulsa la durabilidad ni la reutilización de productos y flexibiliza las obligaciones de los productores.
- Señalaron que la ley excluye a la sociedad civil, omite la salud pública y carece de transparencia, indicadores sanitarios y trazabilidad de sustancias peligrosas.
Las organizaciones subrayaron que la propuesta contradice la misión de la SEMARNAT y reiteraron la importancia de asegurar la participación de comunidades y especialistas para que la legislación responda a los retos sociales y ambientales del país.
Aprueban Ley de Economía Circular en México
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General de Economía Circular, una reforma que busca transformar el modelo de producción y consumo en el país, priorizando el reciclaje, la reducción de residuos y la prolongación de la vida útil de los productos.
Con 460 votos a favor de todas las bancadas, la iniciativa fue enviada al Senado para su revisión, marcando un paso decisivo hacia la modernización de la política ambiental y la gestión de residuos en el territorio nacional.
El dictamen aprobado también introduce reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Modelo de economía circular en México
La ley define la economía circular como un modelo económico de producción y consumo sostenible, que incorpora soluciones sistémicas para el desarrollo económico y la reducción del impacto ambiental.
Entre sus principios rectores se encuentran la eliminación de residuos y contaminación, el mantenimiento de productos y materiales en uso, y la regeneración de los sistemas naturales.
El proyecto sustituye el esquema lineal de “producir, usar y desechar” por uno circular, que prioriza la reducción de residuos y el aprovechamiento de materiales.
La legislación introduce la responsabilidad extendida del productor, obligando a los sectores industrial, comercial y de servicios a inscribir la gestión circular de sus productos en el Registro de Economía Circular y cumplir con los términos y condiciones establecidos.
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