La Cámara de Diputados aprobó este 4 de diciembre la nueva Ley General de Aguas, una reforma impulsada por Claudia Sheinbaum que redefine por completo la gestión del recurso hídrico en México.
Con esta aprobación, el Estado pasa a ser el único rector del agua, eliminando la posibilidad de que particulares compren, transfieran o negocien concesiones.
El agua deja de considerarse un bien sujeto al mercado para consolidarse como un derecho humano prioritario.
¿En qué consiste la Ley de Aguas?
Para la población en general, la reforma busca garantizar un abasto más equitativo y transparente, el uso personal y doméstico se coloca por ley como la prioridad máxima.
Los consumidores también se verán impactados por una vigilancia más estricta de las redes de agua y habrá sanciones más severas contra el robo de agua, desvíos o tomas clandestinas.
Entre los efectos más relevantes para las familias destacan:
- Mayor supervisión de fugas, desvíos y conexiones irregulares.
- Reconocimiento formal de sistemas comunitarios y rurales de abastecimiento.
- Participación social en la planeación, ejecución y evaluación de políticas hídricas.
- Prioridad explícita para el consumo doméstico sobre cualquier otro uso.
Habrá cambios inmediatos es en la clasificación de usuarios, ya que la figura de Responsabilidad Hídrica premiará a quienes cuiden, traten o reutilicen el agua.
¿Cómo podría afectar la Ley de Aguas a las empresas?
El sector empresarial enfrentará cambios profundos.
La prohibición de transferir concesiones entre particulares elimina prácticas de especulación que existían desde los años 90, pero también reduce la flexibilidad de industrias que necesitaban intercambiar derechos para expandir operaciones.
Las empresas deberán demostrar que usan el agua de manera eficiente, transparente y sostenible.
La Comisión Nacional del Agua tendrá facultades para revisar si se cumplen los volúmenes asignados y recuperar el agua que no se utilice adecuadamente.
Industrias como bebidas, manufactura, agroprocesamiento y minería deberán ajustar sus procesos o invertir en tecnologías para evitar sanciones o la pérdida de concesiones.
La autoridad podrá hacer visitas, auditorías hídricas y evaluaciones periódicas para verificar el uso del recurso, esto podría limitar la libertad de compañías con altos consumos.
¿Qué cambios provocará la Ley de Aguas en los trabajadores del campo?
El campo es el sector que más inquietud ha mostrado.
Aunque la reforma busca proteger la soberanía alimentaria, los productores advierten que algunas disposiciones podrían afectar la estabilidad de la actividad agrícola y ganadera.
Un cambio polémico es que las concesiones agropecuarias quedarán vinculadas a la tierra y solo podrán heredarse o transmitirse si se mantienen para el mismo uso.
Para campesinos y organizaciones, esto reduce el valor de las parcelas, porque la concesión ya no puede venderse ni trasladarse de manera independiente.
Otra preocupación es que concesiones históricas o antiguas no se renovarán automáticamente, sino que estarán sujetas a evaluaciones periódicas.
Algunos productores temen que los permisos se vuelvan autorizaciones anuales, aumentando la incertidumbre y dificultando la planeación de cultivos.
También se ha señalado la falta de apoyos para modernizar sistemas de riego, lo que podría ampliar las brechas entre pequeños productores y grandes agroindustrias con recursos para adaptarse al nuevo modelo.
Aun así, el gobierno asegura que las nuevas reglas permitirán un reparto más justo del agua.
La efectividad dependerá de cómo se implemente y reglamente la ley, y de cómo se equilibren los intereses de consumidores, empresas y agricultores.
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