
Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC) informó que su bancada “va en contra de la Ley de Aguas” en la Cámara de Diputados, misma que se está discutiendo en lo particular tras la serie de reservas presentadas por Morena y su coordinador parlamentario, el diputado Ricardo Monreal.
De acuerdo con el dirigente, la legislación enfrenta cuestionamientos por dejar desprotegidas a comunidades rurales y carecer de mecanismos claros para asegurar el derecho al agua en un contexto donde, advierte “veremos una crisis hídrica en los próximos años en México”
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Álvarez Máynez subrayó que uno de los principales déficits de la iniciativa radica en la ausencia de un apartado presupuestal explícito que garantice la financiación necesaria para infraestructura de potabilización, formación de personal y aumento de inspectores.
Explicó: “Ni en los artículos transitorios ni en el contenido de la ley se define un criterio para asegurar recursos suficientes para infraestructura de potabilización, capacitación del personal o incremento de inspectores”.

Otro de los puntos críticos señalados por el representante de Movimiento Ciudadano es la transferencia de toda la carga presupuestal a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Según su opinión, esto ocurre sin que se establezcan recursos adecuados para sostener o expandir los proyectos.
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“Se deja toda la carga presupuestal en CONAGUA, sin garantizar recursos suficientes para el desarrollo y continuidad de los proyectos de infraestructura”, advirtió Máynez.
La estructura de asignación y reasignación de concesiones de agua también genera inquietud. La prohibición de transferencias directas entre particulares se mantiene en la ley, pero la reasignación queda bajo el control único de CONAGUA, excluyendo a los organismos de cuenca, los cuales —según Álvarez Máynez— poseen un conocimiento directo de las necesidades regionales.
“La reasignación del agua solo podrá realizarla CONAGUA, dejando fuera a los organismos de cuenca, a pesar de que estos tienen un conocimiento más cercano de las necesidades y usos en cada región”, puntualizó.
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El emecista sostiene que los procesos definidos en la ley resultan discrecionales al no contener reglas claras para la transmisión o reasignación de concesiones.
Además, denunció la falta de un sistema sancionatorio específico para penalizar la contaminación de cuerpos de agua, señalando que eso “contradice la garantía del derecho al agua”.
Por último, advirtió que, aun frente a situaciones de sobreexplotación o extracciones que amenacen el consumo humano, la normativa no prevé la suspensión de concesiones o asignaciones, cuestionando así la verdadera protección del derecho al agua en el país.
Gobierno rechaza campaña de mentiras sobre ley de aguas

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que circulan afirmaciones falsas sobre la reforma, las cuales calificó como parte de una “campaña de mentiras” difundida en redes sociales y replicada en el debate legislativo.
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En su intervención, Morales López enfatizó que la iniciativa distingue entre actividades agropecuarias familiares y prácticas de extracción irracional o desvío de agua con impacto regional.
Subrayó que “todos los derechos están garantizados y salvaguardados. Absolutamente todos”, en referencia a los títulos de concesión y el uso de pozos domésticos, rechazando que la institución pretenda retirarlos o prohibir su utilización.
El funcionario también negó que la ley criminalice a los productores por construir bordos, trasladar agua en pipas o tomar volúmenes para actividades básicas. Explicó que las sanciones se dirigen exclusivamente a quienes incurren en abusos mediante prácticas ilegales y con fines de lucro. Como ejemplo, mencionó el caso del exgobernador César Duarte, quien, según Morales López, construyó una presa privada para retener setecientos mil metros cúbicos de agua, lo que afectó a comunidades aguas abajo y agravó el conflicto en la presa La Boquilla.
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