Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, y Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, presentaron una iniciativa para reformar los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, para homologar la tipificación del abuso sexual como delito grave a nivel nacional.
La iniciativa se presentó como parte del Plan Integral contra el Abuso Sexual, que impulsó el gobierno federal, a través de la Secretaría de las Mujeres, con la cual se acordó impulsar la homologación de este delito y sus sanciones en país.
¿Qué dice la iniciativa?
La iniciativa define que incurre en el delito de abuso sexual quien, sin el consentimiento de la víctima y sin intención de llegar a la cópula, realice cualquier acto de naturaleza sexual en ámbitos públicos o privados, obligue a la víctima a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio autor. Se incluye además la obligación, mediante coacción, de que la víctima exhiba su cuerpo.
La propuesta establece una descripción específica de los actos sexuales, comprendiendo tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
No se considerará consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad. El consentimiento no podrá deducirse del silencio, pasividad o falta de resistencia física de la víctima.
Las reformas plantean sancionar el delito con penas de tres a siete años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Además, incluyen la obligación de participar en talleres reeducativos con perspectiva de género, no violencia contra las mujeres, y/o prestar servicio social a instituciones públicas o de beneficencia.
Estas medidas buscan fomentar la no repetición del delito y promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Laura Itzel Castillo señaló que la propuesta tiene como objetivo establecer un modelo de tipo penal que pueda replicarse en congresos estatales, para eliminar la diversidad de tipos penales, sanciones y agravantes en todo el país.
La reforma amplía y detalla la conducta sancionada y permitirá la persecución de oficio del delito, sin requerir la denuncia inicial de la víctima para iniciar la investigación, aunque su declaración será necesaria posteriormente.
La propuesta se aleja del enfoque punitivista que prioriza el aumento de años de prisión, planteando que la pena sea proporcional al daño causado, y que la conducta básica del delito permita alternativas al juicio oral en ausencia de agravantes.
Martha Lucía Micher Camarena expresó que México enfrenta una epidemia de violencia sexual contra las mujeres, lo que exige una respuesta penal decidida. Subrayó que el acceso a la justicia se ve obstaculizado por prácticas y estereotipos institucionales que dificultan el camino de las víctimas.
Destacó que esta reforma busca abordar el abuso sexual sin crear un nuevo tipo penal, enfrentando la violencia como un fenómeno estructural vinculado a estereotipos y jerarquías de género que restringen derechos y oportunidades.
La propuesta, que fue turnada a diversas comisiones del Senado, cuenta con el respaldo de legisladores de Morena, PT, PVEM y el apoyo de la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
Avalan reforma a Ley Federal del Trabajo para eliminar brecha salarial
El Senado aprobó con 96 votos a favor el dictamen para adicionar un segundo párrafo al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como sus equivalentes estatales, podrán realizar inspecciones en los centros laborales para verificar el cumplimiento del principio de igualdad salarial por trabajo de igual valor.
El dictamen destaca que la igualdad salarial es un derecho fundamental que aún no se ha consolidado, ya que persisten brechas que impiden que las mujeres reciban la misma remuneración que los hombres por funciones equivalentes.
Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, indicó que la reforma busca erradicar la violencia de género en el ámbito laboral y cerrar la brecha salarial, garantizando que ninguna mujer reciba un salario menor por ser mujer.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, afirmó que la reforma busca transformar el principio “a trabajo igual, salario igual” en una realidad verificable, dotándolo de mecanismos de vigilancia efectivos.
Ruth González Silva, del PVEM, y Miguel Márquez Márquez, del PAN, coincidieron en la necesidad de garantizar la igualdad salarial como un principio indispensable y un acto de justicia para las mujeres mexicanas.
Tras su aprobación, el dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para los trámites constitucionales correspondientes.
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