Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, desde sus redes sociales, informó que ha mantenido comunicación con familiares y la defensa para brindar apoyo a María Guadalupe Martínez, mujer indígena otomí quien ha sido condenada a 50 años de prisión por presunto secuestro.
De acuerdo con Hernández “hay diversas inconsistencias en el proceso penal en su contra”, entre las que destaca la falta de acompañamiento de un traductor para Guadalupe.
La secretaria reiteró su compromiso de vigilar el caso y que “ninguna mujer se sienta sola”.
50 años y lo que hay detrás del caso de María Guadalupe
Acusada por la pareja actual de su excompañero y padre de sus hijos por varios delitos, presunto secuestro, tentativa de feminicidio y abuso sexual, de estos últimos dos, fue absuelta. Estos señalamientos, de acuerdo con María Guadalupe, fueron luego de que intentara obtener una pensión alimenticia para sus dos hijos en el año 2021.
La carpeta de investigación que sigue vigente en contra de Guadalupe es sobre el supuesto delito de secuestro, de acuerdo con lo reportado por El País, la denunciante asegura que fue secuestra en junio de 2022 y luego fue retenida por tres horas en una supuesta casa de seguridad.
En ese sitio, tres hombres cometieron agresiones físicas, verbales y sexuales contra ella, además de atarla de manos y vendarle los ojos. La presunta autora intelectual del delito, María Guadalupe, supuestamente llegó ante la denunciante y le reprochó a la víctima que su esposo le prestaba más atención que a sus hijos y le advirtió que “recibiría su merecido”.
Los agresores usaron el teléfono móvil de la víctima para enviar mensajes, fotos y emojis a la pareja de la mujer, amenazándolo y buscando intimidarlo, sin embargo, éste nunca notificó a las autoridades durante las tres horas. La denunciante afirma, los secuestradores la soltaron, pese a que Guadalupe les pidió asesinarla. Estos mensajes son las pruebas que sostienen la decisión del juez de sentenciar a María Guadalupe Martínez por 50 años.
Deficiencias en la defensa de Guadalupe Martínez y omisión de intérprete
Diversos colectivos defensores de Derechos Humanos y medios han reportado el proceso legal de María Guadalupe Martínez, evidenciando la falta de una traducción efectiva a su idioma nativo, el otomí, durante todo su proceso, lo que dificultó comprender tanto los cargos como los procedimientos legales.
Esto cambió hasta el día que se le dictó sentencia fue donde el Estado le brindó una traductora, situación que contraviene las garantías del debido proceso y ha sido señalada de forma reiterada por sus defensores.
La defensa y diversas organizaciones sociales, coordinadas por el equipo legal de Gabriela Amores, señalan que tanto el juez Víctor Martín Mejía Hernández como el Ministerio Público Raúl Amauri Velázquez Jaimes han descartado de forma sistemática pruebas de inocencia y recursos presentados durante el juicio.
Guadalupe Martínez permanece en su domicilio en Temoaya con un brazalete electrónico como medida de control. Su expareja y padre de sus hijos, según informa El País, sigue sin aportar manutención.
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