
Tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores limoneros del Valle de Apatzingán, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo desató polémica al minimizar el hecho.
En declaraciones a medios locales, la presidenta municipal afirmó que este tipo de sucesos “al final del día ocurren”, lo que generó críticas por la aparente falta de sensibilidad ante la violencia que azota a la región.
Arreola Pichardo sostuvo que el homicidio de Bravo no representa un caso aislado, sino parte de una serie de ataques que han afectado a productores en diversos municipios de la Tierra Caliente.
“Son hechos que al final del día ocurren, no es únicamente el caso de Bernardo; ha habido decesos infortunados también en otros municipios con productores igual de destacados”, expresó.

La funcionaria reconoció que el municipio enfrenta una crisis de inseguridad que no ha podido ser controlada, y aseguró que las garantías de protección “aún se están construyendo”.
No obstante, sus declaraciones fueron interpretadas como un intento de restar gravedad a un crimen que evidenció la vulnerabilidad de los productores agrícolas frente a la violencia del crimen organizado.
Arreola también mencionó que los productores de limón operan bajo constantes amenazas y extorsiones, situación que ha sido denunciada en repetidas ocasiones por el gremio.
Asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero
Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue asesinado el pasado lunes 20 de octubre en la zona de la Tierra Caliente. Su cuerpo fue localizado cerca de la carretera Apatzingán–Presa del Rosario.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Michoacán, Bravo contaba con tres escoltas y un vehículo blindado asignados por el gobierno estatal, medidas que fueron implementadas el mismo día del atentado. A pesar de ello, el ataque se consumó y dejó al descubierto las deficiencias en las estrategias de seguridad locales.

El homicidio del líder citricultor ocurrió apenas unos días después de que encabezara un reclamo público al gobierno estatal, exigiendo apoyo para evitar la caída del precio del limón.
En sus declaraciones, Bravo advirtió que la falta de intervención gubernamental afectaba directamente a productores, recolectores y trabajadores del campo, quienes enfrentan pérdidas económicas y amenazas constantes por parte del crimen organizado.
El asesinato provocó indignación en Apatzingán, donde estudiantes, maestros y políticos se manifestaron para exigir justicia y mayores garantías de seguridad en la región.
Violencia en Apatzingán
El homicidio de Bernardo Bravo se suma a una larga lista de crímenes que reflejan la crisis de violencia en Michoacán, particularmente en el municipio de Apatzingán.
La zona, conocida por su producción agrícola, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales que disputan el control del territorio y las actividades económicas.

Durante la sesión solemne del Congreso de Michoacán realizada en Apatzingán para conmemorar el CCXI aniversario de la Constitución de 1814, la alcaldesa Fanny Arreola reconoció públicamente que los tres órdenes de gobierno “se encuentran totalmente rebasados por la delincuencia”.
Las declaraciones de Arreola, junto con su polémica frase sobre el asesinato de Bravo, evidencian la gravedad de la situación en Tierra Caliente, donde productores, comerciantes y familias viven en constante violencia.
La falta de resultados en materia de seguridad ha generado descontento social y cuestionamientos hacia las autoridades municipales y estatales.
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