Paquete Económico 2026: colectivas piden firmas para exigir recursos para refugios de mujeres víctimas de violencia

La Red Nacional de Refugios (RNR) y las organizaciones que integran las Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas (CAMIAs), publicaron por separado peticiones en la plataforma Change.org, con el objetivo de recaudar firmas para exigir que en el Paquete Económico 2026 se garanticen recursos exclusivos para la operación de refugios para mujeres víctimas de violencia.

La Red Nacional de Refugios manifestó en su petición pública la preocupación por la desaparición del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos (clave U012), que ha sido fusionado en el nuevo Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que está próximo a aprobarse en el Congreso de la Unión, contempla 857 millones de pesos para este programa, pero no especifica cuántos recursos estarán destinados de forma exclusiva a los refugios.

De acuerdo con la colectiva, esta falta de claridad presupuestal debilita la rendición de cuentas y pone en riesgo la operación de los refugios, que han demostrado ser espacios fundamentales para salvar vidas, prevenir feminicidios y restituir derechos.

Acusó que los documentos presentados hasta ahora en el desarrollo del Paquete Económico no permiten identificar ni la acción transversal bajo la que se apoya a los Refugios, ni el presupuesto específico asignado a ellos.

Las organizaciones enfatizan que la ausencia de partidas claras para los refugios promueve discrecionalidad y omisiones con consecuencias directas para miles de mujeres, niñas y niños.

El pronunciamiento subraya que estos lugares dignos y seguros restablecen derechos y ofrecen acompañamiento integral sin costo para las usuarias.

La Red Nacional de Refugios reporta una trayectoria de más de 25 años y una cobertura anual superior a 25 mil mujeres, niñas y niños, lo que representa el 60% de los refugios de la sociedad civil en el país.

Reclama que el presupuesto público debe observar el principio de progresividad en derechos humanos y evitar cualquier retroceso en la igualdad sustantiva.

En la misma línea, las Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas (CAMIAs) advirtieron que existe riesgo de desaparición para estos centros, tras no aparecer una partida explícita para ellas en el Anexo 13 ni en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.

Financiadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), las CAMIAs son operadas y gestionadas por 350 mujeres indígenas distribuidas en 17 estados, atendiendo a un promedio anual de 35 mil personas.

Funcionan como espacios seguros y de arraigo comunitario, donde se ofrece acompañamiento en lenguas indígenas, orientación legal, emocional, así como canalización con instituciones de justicia y salud.

Las organizaciones plantean que ningún otro organismo puede sustituir la atención culturalmente pertinente que brindan y subrayan la necesidad de mantener y fortalecer el financiamiento para las CAMIAs.

Añaden que, pese a los avances, el acceso a la justicia sigue siendo una deuda, ya que el sistema judicial aún no resulta culturalmente adecuado y puede revictimizar a las mujeres indígenas y afromexicanas.