
La presunta violación grupal de una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desató una crisis institucional y una ola de protestas en la capital potosina. El hecho, ocurrido el 17 de octubre dentro del campus, involucra a tres alumnos y un hombre externo a la universidadl.
Algunos, con cargos en la Federación Universitaria Potosina (FUP) y presuntos vínculos con el partido Movimiento de Regeneración Nacional, según las denuncias compartidas por la comunidad estudiantil de dicha institución educativa.
De acuerdo con la información que se conoce hasta ahora, la joven —estudiante de tercer semestre— fue agredida sexualmente dentro de las instalaciones universitarias. Aunque algunas versiones apuntan a los baños de la facultad, otras refieren que el ataque ocurrió en las oficinas de la FUP, espacio reservado a dirigentes estudiantiles.
Aunado a ello, se señala que l a víctima habría denunciado previamente el consumo de alcohol y drogas en el edificio, sin que las autoridades implementaran medidas correctivas.
Ante estos hechos, uno de los presuntos agresores como Santiago “N”, secretario general de la Coordinación Estatal de Jóvenes Morena. El medio indica que este habría recibido apoyo del diputado local Cuauhtli Badillo Moreno, también militante de Morena, a quien se le atribuye influencia política en el entorno universitario. Otro de los implicados pertenecería igualmente a la estructura juvenil de Morena, lo que detonó acusaciones de encubrimiento y protección política.
Hasta el momento, el partido Morena no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso ni ha deslindado públicamente a sus militantes, lo que ha incrementado la indignación entre estudiantes y colectivos feministas.
Protestas y movilizaciones en San Luis Potosí
Las protestas estallaron a los pocos días del ataque. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UASLP marcharon hacia la Fiscalía General del Estado, bloqueando avenidas principales como Salvador Nava y Venustiano Carranza, reportó El Sol de San Luis. Portaban carteles con consignas como “Ni una más”, “Justicia para ella” y “UASLP violador”, denunciando la violencia de género y la falta de respuesta institucional.
Al movimiento se unieron alumnos de Criminología, Contaduría, Administración, Psicología y Economía. La protesta se convirtió en una acción conjunta de toda la comunidad universitaria contra la impunidad y el acoso. “Esto pasa todos los días y la universidad lo calla”, declaró una alumna citada por El Sol de San Luis. Otra manifestante agregó: “Si siguen protegiendo a los líderes, seguiremos en paro”.
La presión social llevó a la destitución de la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios y a la renuncia del director de Derecho, Germán Pedroza, informó La Jornada. Sin embargo, las manifestantes denunciaron que no se han iniciado procesos penales contra los implicados, sino solo mesas de diálogo con las autoridades universitarias.
Exigen protocolos y fin a la impunidad
Colectivos feministas y organizaciones estudiantiles acusaron que la UASLP carece de protocolos efectivos para prevenir y sancionar la violencia sexual. En redes sociales, los hashtags #UASLPViolador, #JusticiaParaElla y #NiUnaMás acumulan cientos de denuncias sobre casos de acoso y agresión sexual dentro del campus.
El contexto agrava la indignación. Una semana antes del ataque, alumnas de la Facultad de Economía realizaron una protesta similar para exigir seguridad y denunciar omisiones ante el acoso. “La violencia de género es estructural en la universidad”, señalaron las manifestantes, quienes acusan que los dirigentes de la FUP ejercen poder e intimidación sobre los estudiantes, con presunta complicidad de las autoridades.
Hasta el momento, el rector Alejandro Zermeño Guerra no ha presentado un informe detallado sobre las medidas adoptadas ni ha respondido públicamente a las exigencias de las estudiantes. La comunidad académica exige transparencia en la investigación y sanciones ejemplares para los implicados.
Vínculos políticos y exigencias de justicia
En medio de la polémica, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno negó cualquier relación con los acusados. “Ante señalamientos que buscan partidizar un hecho tan terrible, aclaro que no existe relación alguna con el presunto agresor”, declaró.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó que abrió una carpeta de investigación, pero hasta ahora no se han girado órdenes de aprehensión. Las estudiantes mantienen tomadas las instalaciones de la Facultad de Derecho, exigiendo justicia y seguridad dentro del campus.
El caso ha trascendido el ámbito universitario y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en instituciones públicas. Mientras crece la presión sobre Morena y la rectoría, las manifestantes aseguran que no liberarán las instalaciones hasta que los responsables sean sancionados penalmente y se reformen los mecanismos de atención a víctimas.
La violación en la UASLP expuso no solo la vulnerabilidad de las estudiantes, sino también los presuntos nexos entre liderazgo estudiantil y estructuras políticas, una combinación que —según activistas— mantiene un sistema de impunidad dentro de la educación superior en San Luis Potosí.
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