Una trabajadora de cocina del colegio Laura Vicuña, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, resultó con quemaduras de segundo y tercer grado tras un accidente ocurrido dentro del plantel. La mujer, identificada como María Nelly García Piñón, de 58 años, fue víctima de un flamazo mientras preparaba alimentos, lo que provocó lesiones en el rostro, brazos, abdomen, espalda y piernas.
El incidente se registró el pasado 12 de septiembre, y desde entonces la empleada permanece internada en el Hospital Universitario, donde recibe atención médica especializada. Su familia asegura que los costos hospitalarios han superado los 200 mil pesos, monto que no han podido cubrir ante la falta de apoyo de la institución educativa.
Promesas incumplidas
De acuerdo con los familiares, la dirección del colegio se comprometió en un principio a cubrir los gastos derivados del accidente, promesa que hasta la fecha no se ha cumplido. El personal administrativo habría informado que la cuenta hospitalaria permanecería abierta hasta que la afectada fuera dada de alta, sin embargo, el apoyo fue suspendido a los pocos días.
Ante la falta de respuesta, los hijos de María Nelly, la accidentada, han buscado ayuda con autoridades locales y diputados de la región, pero el proceso ha sido lento y los cobros del hospital continúan aumentando. La familia denuncia que se sienten abandonados y desprotegidos, pues además del dolor físico de la víctima, enfrentan una carga económica insostenible.
Complicaciones médicas
El personal médico había programado una cirugía de injerto de piel para atender las zonas más afectadas por las quemaduras, pero el procedimiento fue cancelado tras detectarse complicaciones cardíacas en la paciente. Días después, su salud empeoró al presentar una infección bacteriana en una de las heridas, lo que ha retrasado su recuperación.
Los especialistas han advertido que, aunque las quemaduras han comenzado a cicatrizar, María Nelly requiere un tratamiento específico para controlar la bacteria que ha comprometido su sistema respiratorio. La familia afirma que no cuentan con recursos para adquirir el medicamento, cuyo costo es elevado.
Justicia y apoyo institucional
Ante la falta de respuesta por parte del colegio, los familiares exigen la intervención de las autoridades laborales y de derechos humanos para garantizar que reciba el respaldo que merece. Aseguran que se han acercado supuestos representantes de asociaciones civiles ofreciendo ayuda, pero algunos intentaron hacerlos firmar documentos en blanco, lo que generó desconfianza.
La cocinera continúa hospitalizada en condiciones delicadas, mientras sus familiares buscan que el colegio asuma la responsabilidad del accidente laboral y que las instituciones correspondientes actúen para evitar tragedias similares.
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