
El crimen organizado mantiene el control de precios sobre productos y servicios en al menos 10 estados de México, generando un impacto directo en la economía familiar y en las cadenas de distribución.
La extorsión y la imposición de precios afectan artículos de la canasta básica, materiales de construcción, combustibles, alimentos procesados, refrescos, cerveza y útiles escolares.
En regiones de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y el Estado de México, comerciantes, locatarios, transportistas y productores describen un esquema recurrente: los cárteles acaparan las mercancías, fijan los precios y obligan a los establecimientos a comprar en bodegas controladas por grupos delictivos.
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Afectaciones derivadas del cobro de piso

Los tráilers que transportan productos básicos también deben pagar cuotas para circular y liberar su mercancía. Pobladores de Tierra Caliente en Michoacán, citados por El Universal, señalaron a Los Viagras y Los Blancos de Troya, grupos aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como los principales responsables de acaparar y distribuir productos como refresco, cerveza, abarrotes y carne.
Un habitante narró para El Universal que “si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25; la carne 200 pesos y se da entre 230 y 240, porque los cárteles tienen presencia”.
Los tenderos están obligados a comprar mercancía en determinados puntos de venta y deben pagar cobro de piso; la negativa puede derivar en amenazas de muerte.
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Estos mecanismos se replican en Guerrero, donde grupos como Los Granados y Los Ardillos controlan precios y distribución de productos en la Costa Grande y la zona centro, generando redes paralelas de comercios.
Del mismo modo, en Tamaulipas, los lugareños reportan que solo pueden comprar a proveedores autorizados por el crimen organizado, especialmente en el caso de la carne, huevo y bebidas alcohólicas.
La presión no se limita a productos alimenticios. Empresarios y comerciantes de materiales de construcción, agua embotellada, papelería y hasta servicios de internet están sujetos a los precios fijados por las organizaciones delictivas.
El pago de extorsiones incrementa el precio final para el consumidor y lleva a muchos dueños de negocios a la quiebra o al cierre definitivo.
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Dueños de carnicerías en Veracruz relataron que “el producto lo tienen que dar más caro” para solventar las cuotas semanales o mensuales impuestas.
El fenómeno afecta tanto a zonas urbanas como rurales. En la Comarca Lagunera, entre Durango y Coahuila, organizaciones agrícolas y ganaderas denunciaron ante El Universal una ola creciente de extorsiones y control de mercados y dijeron vivir “en un ambiente de constante amenaza y miedo”.
En Oaxaca y Veracruz, las extorsiones alcanzaron a empresarios, comerciantes y productores agrícolas, quienes sufren amenazas para que vendan, por ejemplo, cajas de mango a precios hasta cinco veces menores al del mercado.
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El coyotaje tradicional fue desplazado por la imposición directa del crimen. El pago de extorsiones, conocido como derecho de piso, repercute en encarecimiento de víveres, transportes y servicios.
El Universal registró que en Guanajuato la extorsión afecta especialmente a las tortillerías, y en Morelos más de la mitad de los comerciantes pagan derecho de piso. El transporte público también enfrenta amenazas; concesionarios de la Ruta 11 en Cuernavaca analizan suspender el servicio tras recibir ultimátums de grupos criminales.
En Tabasco la extorsión afecta tanto a dueños de negocios como a transportistas, mientras que en el Estado de México el crimen usa su poder para controlar la distribución de mercancías robadas.
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El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, afirmó a El Universal que la extorsión y el cobro de piso constituyen un problema consolidado y en expansión en el país: “fue un delito que se dejó crecer y ahora impacta negocios, productores y consumidores”, subrayó.
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