Remueven a Rosendo Gómez Piedra como fiscal del caso Ayotzinapa

Rosendo Gómez Piedra fue removido este martes como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala (UEILCA), órgano adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), después de más de dos años de encabezar las pesquisas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

De acuerdo con información de El Universal, en su lugar, asumió funciones Mauricio Pazarán, extitular territorial de la Fiscalía de la Ciudad de México, considerado cercano a la exfiscal Ernestina Godoy Ramos.

La destitución de Gómez Piedra se dio tras una serie de señalamientos públicos por parte de personal interno de la unidad y familiares de los normalistas, quienes cuestionaron su actuar durante la investigación, acusándolo de corrupción, abuso de autoridad, falta de avances y pérdida de confianza.

Denuncias y presiones precipitan la salida

En mayo pasado, durante la tercera reunión entre familiares de los estudiantes desaparecidos y la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, los padres y madres plantearon como demanda central la remoción del fiscal.

Melitón Ortega, vocero del grupo, sostuvo que “nunca hemos tenido una respuesta contundente con el fiscal” y que, a raíz de las denuncias existentes, la confianza en Gómez Piedra se encontraba “totalmente perdida”.

Entre los factores que agravaron el clima de tensión destaca la declaración de Gómez Piedra ante medios nacionales, donde reconoció que, la búsqueda de los jóvenes, se concentra en encontrar sus “cadáveres”.

La frase fue interpretada por los familiares como un abandono oficial a la expectativa de hallarlos con vida. El entonces fiscal detalló en ese momento: “Tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres”. Ante ello, la presidenta Sheinbaum negó después que se estuvieran buscando a los normalistas bajo la premisa de que estuvieran muertos.

La permanencia de Gómez Piedra estuvo marcada también por denuncias interpuestas el 28 de abril pasado ante la propia FGR, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Presidencia de la República. Las acusaciones, presentadas por integrantes de la unidad especial incluían peculado, cohecho, extorsión, abuso de autoridad e intimidación.

Entre los reclamos internos señalados se cuentan también detalles sobre la organización de fiestas, el uso de vehículos oficiales para traer comida y la celebración de bailes dentro de la unidad bajo la gestión de Gómez Piedra. Asimismo, ocurrió un desfile de disfraces de catrinas realizado dos semanas antes de que el Estado mexicano fuera requerido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cuya audiencia ningún representante de la FGR acudió.

El propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reconoció que la presidenta Sheinbaum solicitó un “nuevo enfoque” en la investigación, priorizando el uso de tecnología y evidencia objetiva, ante la preocupación de que los testimonios de los detenidos “van cambiando de acuerdo a sus intereses”.

Cambio en la coordinación y expectativas de las familias

La llegada de Mauricio Pazarán a la coordinación de la UEILCA representa un reacomodo estratégico en la conducción del caso Ayotzinapa.

Pazarán, quien ha sido fiscal en Xochimilco, de asuntos relevantes y de narcomenudeo además de jefe de unidad de amparos y apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, recibió la encomienda de encabezar la investigación federal después de que, según agentes citados por medios nacionales, se presentara el 6 y 7 de mayo en las oficinas de la fiscalía en la colonia Doctores.

De acuerdo con las autoridades, la nueva administración intensificará el acceso a los documentos de inteligencia militar y renovará los procesos de búsqueda e investigación, en respuesta a las exigencias de las familias, quienes reclaman transparencia, verdad, justicia y rendición de cuentas once años después de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

La siguiente reunión de seguimiento entre autoridades y representantes de los familiares está programada para finales de julio, cuando se espera discutir el avance en el acceso a más de 800 expedientes militares y revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.