Aumenta pena para feminicidas en Baja California Sur, pueden alcanzar hasta 60 años de prisión; proponen incluir transfeminicidio

El Congreso de Baja California Sur aprobó un incremento en las sanciones para castigar el feminicidio, con penas que alcanzan los 60 años de cárcel, además de la obligación de reparar integralmente el daño.

De acuerdo con el boletín No. 293/2025, la modificación también contempla incluir como víctimas de este delito a mujeres transgénero, en concordancia con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Karina Olivas Parra, quien subrayó la necesidad de brindar mayores herramientas jurídicas a los ministerios públicos para garantizar justicia a las víctimas y sus familiares.

“Estamos dando cumplimiento como legislatura al reconocimiento de los derechos de un sector de la sociedad que ha sido relegado e invisibilizado”, expresó durante la sesión celebrada el jueves 26 de junio.

BCS endurece penas por feminicidio e incorpora el transfeminicidio al Código Penal

Con una reforma al artículo 389 del Código Penal de Baja California Sur, el Congreso local aprobó modificaciones que elevan las sanciones por el delito de feminicidio, además de reconocer el transfeminicidio como figura jurídica.

La nueva disposición establece condenas de 40 a 60 años de cárcel, multas de 500 a mil días y contempla la reparación integral del daño. En la normativa previa, las penas oscilaban entre 30 y 60 años, sin cambios en la sanción pecuniaria ni en la obligación de compensar a las víctimas.

Entre los ajustes también se contempla un incremento de hasta un tercio en la sanción cuando el crimen se cometa frente a personas cercanas a la víctima, como familiares, parejas o amistades íntimas.

De igual forma, se amplía la definición del feminicidio para incluir a mujeres transexuales y transgénero, en concordancia con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizando así su reconocimiento como sujetos de protección penal.

La diputada Alondra Torres, representante de la comunidad LGBTTTIQ+, impulsó la incorporación del término transfeminicidio con el objetivo de visibilizar y sancionar la violencia sistemática contra mujeres trans.

Durante su intervención, declaró: “Como diputada tengo la responsabilidad de representar no solo a mi distrito sino también a las voces silenciadas, especialmente aquellas que han sido víctimas de violencia extrema por el simple hecho de ser quienes son: las mujeres trans. El transfeminicidio es una realidad desgarradora en nuestro país; es inaceptable que en pleno Siglo XXI sigamos enfrentando esta violencia que nos hiere, nos duele no solo a las víctimas y a sus familias, sino a toda la sociedad”.