Morena asegura que Sheinbaum y AMLO fueron espiados por el “PRIAN”

La dirigencia nacional de Morena rechazó que desde el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, se esté instalado un régimen de espionaje y censura, luego que la oposición acusó a la 4T de aprobar en el Congreso reformas (Seguridad y Telecomunicaciones) para estos fines.

“No somos iguales! El Gobierno de México ni espía ni censura”, apuntó este fin de semana Luisa María Alcalde antes los señalamientos del PAN.

La dirigente nacional reviró a los partidos de oposición y aseguró que los gobiernos priistas y panistas sí incurrieron en prácticas de espionaje para vigilar a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, cuando ambos eran líderes destacados de la izquierda.

“Muchos de las y los militantes que hoy conforman Morena sufrieron las consecuencias de un Estado que hizo a un lado los derechos humanos y que intimidó de diversas formas a sus opositores. La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obradorn fueron de las principales víctimas de los sistemas de espionaje y de las violaciones a la libertad de expresión que el PRIAN llevó a cabo”, reviró Luisa Alcalde.

Luego que el PAN y el PRI acusaron a la 4T que la reforma en materia de seguridad permitirá a las autoridades federales solicitar a las compañías telefónicas le geolocalización de cualquier ciudadano en tiempo real, Morena rechazó que esta medida se aplicará sin la autorización de un juez.

“Decimos con claridad que es completamente falso que se permita la geolocalización sin orden judicial”, expresó Luisa Alcalde.

Polémica por reforma en materia de seguridad

De acuerdo con el Congreso, la ley permite que entidades como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República soliciten, sin orden judicial previa, una amplia gama de datos personales en tiempo real.

En contraste, detractores afirman que activistas, periodistas y opositores políticos podrían encontrarse bajo el escrutinio del Estado incluso sin enfrentar cargos, tras la aprobación de la reforma en materia de seguridad y Guardia Nacional, así como en telecomunicaciones y radiodifusión.

Las atribuciones incluyen la ubicación en tiempo real, registros de llamadas y mensajes, información biométrica obtenida por compañías de telecomunicaciones y metadatos relacionados con la actividad en internet.

El gobierno sostiene que el acceso a estos datos busca enfrentar delitos graves, tales como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico.

Sin embargo, la supervisión independiente y la rendición de cuentas no están garantizadas, insisten diversas organizaciones civiles, al argumentar que la legislación no integra salvaguardas suficientes para evitar el uso indebido de la información recolectada ni prevé garantías efectivas para la privacidad de las personas.