Durante 2024, se documentaron en México 7 mil 975 nacimientos de niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Esta cifra implica que, en promedio, cada día 22 menores de edad dieron a luz.
Un análisis independiente, realizado por la investigadora Montserrat Mora a partir de bases de datos oficiales, muestra que Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco concentraron cuatro de cada diez nacimientos registrados en este grupo de edad. En conjunto, sumaron 3 mil 208 casos.
Al observar la distribución por edad, tres partos correspondieron a niñas de apenas 10 años, mientras que 32 fueron de niñas de 11, 195 de 12, mil 422 de 13 y 6 mil 323 de 14 años. Las entidades con menor número de registros fueron Colima (33) y Baja California Sur (50).
Cuando se analiza la tasa proporcional de nacimientos por cada 10 mil niñas, Chiapas aparece en primer lugar con 28.3 casos. Le siguen Guerrero (24), Campeche (20.6), Chihuahua (20) y Oaxaca (19.3), todas por encima del promedio nacional, que fue de 14.6.
El fenómeno también exhibe severas disparidades en las edades de las personas que figuran como padres. En una revisión difundida por la investigadora en redes sociales, se identificaron 30 partos de niñas entre 10 y 12 años, cuyas parejas tenían edades que van desde los 13 hasta los 65 años. En solo siete casos los hombres eran menores de edad. El resto eran adultos o adultos mayores.
Uno de los casos más extremos ocurrió en El Oro, Estado de México, donde una niña de 12 años tuvo un hijo de un hombre de 65. Otro caso documentado en Texcoco involucró a una niña de 10 y a un adulto de 32.
Violencia sexual infantil
Organizaciones civiles han señalado que estos casos deben ser tratados como resultado de violencia sexual infantil. Reinserta, asociación especializada en justicia para menores, pidió que cada embarazo en menores de edad con un adulto como presunto padre sea investigado penalmente, y que se sancione conforme a la ley.
Además, planteó la creación de una Ruta Nacional de Atención Integral para niñas víctimas de violencia sexual. Esta propuesta incluye atención médica, psicológica y jurídica especializada, así como la obligación de activar protocolos en escuelas, hospitales y oficinas del registro civil ante cualquier embarazo infantil detectado.
Los datos y reacciones reunidas en torno a estos nacimientos evidencian la insuficiencia de mecanismos institucionales para prevenir el abuso sexual contra niñas, así como la falta de respuesta oportuna y efectiva del Estado mexicano para proteger sus derechos básicos.
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