El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado este viernes el hallazgo de 383 cadáveres hacinados en un crematorio en Ciudad Juárez, en el norte de México.
La institución ha instado al Estado mexicano a cumplir con su obligación internacional de proteger y respetar a los muertos, exigiendo una investigación inmediata, eficaz y transparente sobre cada posible “muerte potencialmente ilícita”.
A través de un comunicado, la Asamblea General de la ONU expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró la importancia de actuar conforme a los estándares del informe del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Dicho informe establece que las investigaciones deben realizarse de forma “exhaustiva, independiente, imparcial y transparente”, siempre tratando los cuerpos con “dignidad y respeto”.
El documento remarca que la protección de los muertos es parte integral del derecho a la vida, así como de la prohibición de la tortura, tratos crueles o inhumanos y de la protección contra la desaparición forzada. Por ello, el ACNUDH insiste en la necesidad de establecer principios rectores que garanticen la protección de los muertos desde una perspectiva de derechos humanos.
El informe también responsabiliza al Estado de garantizar que los restos humanos sean gestionados adecuadamente, preservando la dignidad de los fallecidos y respetando los derechos de sus familias.
“La dignidad de la persona no se extingue con la muerte. Tratar con desdén los restos humanos daña a las personas, las sociedades y niega el derecho a la verdad, justicia y reparación”, destaca el texto.
A pesar de ello, el organismo reconoce las dificultades que enfrenta México en la identificación de cuerpos no reclamados, debido a la falta de peritos forenses, la escasa financiación, las infraestructuras inadecuadas y la ausencia de directrices claras.
Morris Tidball Binz, relator especial de la ONU, subraya que “las desigualdades, discriminaciones e injusticias que sufren muchas personas en vida, persisten incluso después de la muerte”, en especial para miembros de comunidades indígenas, personas en situación de calle y cadáveres no identificados.
En su análisis, Tidball Binz propone armonizar la legislación nacional con el Derecho Internacional para asegurar la adecuada protección de los restos humanos y garantizar que toda muerte potencialmente ilícita sea investigada de forma integral.
El contexto nacional agrava aún más la situación: las desapariciones en México aumentaron un 28% en el último año, alcanzando las 129 mil personas reportadas como desaparecidas en mayo, según datos de las fiscalías regionales.
Ante este panorama, la ONU enfatiza que el deber de proteger a los muertos no es una opción, sino una obligación cada vez más relevante bajo el Derecho Internacional. La respuesta del Estado mexicano será clave no solo para garantizar justicia a los fallecidos y sus familias, sino también para restaurar la confianza en las instituciones.
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