Senado aprueba Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia

El Senado de la República aprobó este 1 de julio, en sesión extraordinaria, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, tanto en lo general como en lo particular.

La votación concluyó con 67 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones en lo general, y con 66 votos a favor y 31 en contra en lo particular.

La nueva legislación, impulsada por el Ejecutivo federal, otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) amplias facultades para acceder a datos personales, fiscales, biométricos y de geolocalización, provenientes de fuentes públicas y privadas. Esta información será centralizada en una Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de generar productos de análisis criminal y fortalecer las investigaciones del Ministerio Público.

De acuerdo con el dictamen, las bases de datos, registros administrativos y fuentes de información podrán ser consultadas, interconectadas y procesadas para apoyar la persecución de delitos y la prevención proactiva de la criminalidad. La ley establece también la creación del Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, con funciones de coordinación tecnológica, análisis criminal y colaboración interinstitucional.

Durante el proceso legislativo, senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas a más de 20 artículos del proyecto, entre ellos los artículos 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36 al 40, 44, 47, 50, 51 y el Segundo Transitorio. Sin embargo, todas las reservas fueron rechazadas por la mayoría, por lo que el dictamen se aprobó en sus términos originales.

¿Inteligencia o vigilancia?

El debate en tribuna reflejó posturas encontradas sobre el alcance de la nueva legislación. Por parte de Morena, la senadora Laura Estrada Mauro sostuvo que la norma es “sumamente relevante” para combatir el delito y que no permite abusos, ya que toda intervención a la vida privada deberá estar avalada por el Ministerio Público y sujeta a control judicial.

Desde el Partido Verde, María del Rosario Corona Nakamura defendió la iniciativa al considerar que brinda a las autoridades herramientas tecnológicas para mejorar la búsqueda, prevención y persecución de delitos.

En contraste, el senador Francisco Ramírez Acuña (PAN) alertó que se trata de “espionaje disfrazado de política pública” y criticó el acceso “desproporcionado” a información sensible, sin reglas claras ni controles desde el inicio. Por el PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca afirmó que la ley pone en riesgo libertades fundamentales y consolida un aparato de vigilancia “ya no solo contra políticos, sino contra los ciudadanos”.

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García advirtió que excluir a los gobiernos estatales del Centro Nacional de Inteligencia es un error estratégico que debilita la respuesta local ante el crimen organizado. También se pronunciaron en contra los senadores Claudia Anaya (PRI) y Gustavo Sánchez (PAN), quienes presentaron votos particulares.

Previo al debate, diversas organizaciones civiles y especialistas también han señalado que el nuevo sistema permite una vigilancia masiva sin mecanismos autónomos de supervisión. El abogado Luis Fernando García, exdirector de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advirtió que la legislación podría institucionalizar prácticas de espionaje, y facilitar el monitoreo de la población sin que esta sea notificada.

García subrayó que con esta ley, fuerzas como la Guardia Nacional, el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia tendrán acceso en tiempo real a bases de datos biométricos, financieros y de telecomunicaciones, sin requerir orden judicial en todos los casos. También alertó sobre el uso político de registros sensibles, como la Plataforma Única de Identidad, originalmente destinada a la búsqueda de personas desaparecidas.

La sesión extraordinaria, en la que también se aprobó expedir la Ley General Sistema Nacional de Seguridad Pública, concluyó entre aplausos y porras de Morena y sus aliados. Ya sin la presencia de la mayoría de los senadores de oposición en el pleno, el Senado de la República dio por finalizado el periodo extraordinario, en un ambiente de celebración por parte del bloque oficialista.