En Baja California, el robo de agua es conocido como “aguachicoleo”, un problema que afecta a la región debido a que se hacen tomas clandestinas, lo que causa irregularidades en el suministro y provoca pérdidas millonarias para el estado.
Al afectar el acceso equitativo al agua, las autoridades están tomando medidas para combatir este delito, incluyendo multas y, en algunos casos, penas de cárcel. De acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de México, se prevé que existan penas de seis y ocho años de prisión por el robo y comercialización del líquido; serán de hasta nueve años cuando participe una persona servidora pública.
En este contexto, para combatir el delito se realizan investigaciones y en una de ellas la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y su Fiscalía Federal en Baja California Sur, obtuvo la autorización de un juez de control para ejecutar una técnica de investigación consistente en un cateo, en el marco de delitos contra bienes de la Nación, conforme al Código Penal Federal y la Ley General de Bienes Nacionales.
El origen y el desarrollo de la investigación
El proceso se originó el 25 de abril de 2025, cuando el Ministerio Público Federal (MPF) abrió una carpeta de investigación tras recibir una denuncia del titular de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Baja California Sur.
La denuncia señalaba posibles delitos de quebrantamiento de sellos y aprovechamiento o explotación de un bien nacional. El MPF realizó las diligencias necesarias, integró los datos de prueba y solicitó al juez la autorización para el cateo.
Una vez concedida, la diligencia se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, Servicios Periciales, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).
De acuerdo con el comunicado oficial de la FGR, cuatro pozos y norias de agua, junto con dos pipas que se abastecían del recurso, quedaron asegurados en el ejido Migriño, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, tras un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el cateo, las autoridades aseguraron el inmueble donde se encontraban cuatro aprovechamientos de agua: dos pozos y dos norias, así como dos pipas que se abastecían del líquido.
Esta acción se realizó luego de que el encargado del sitio fuera puesto a disposición de la autoridad, mientras la investigación sigue su curso para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.
El operativo se desarrolló en la ubicación señalada en la denuncia, dentro del ejido Migriño. El encargado del lugar fue presentado ante la autoridad competente, que mantiene abierta la investigación para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.
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