Desde el pasado 4 de junio, los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México enfrentan un paro laboral indefinido convocado por trabajadores de base y sindicalizados.
La movilización, que cumple más de dos semanas, responde a la sobrecarga de trabajo derivada de la reciente extinción de diversos juzgados, sin que se haya otorgado un incremento salarial ni mejores condiciones laborales al personal que absorbió dichos casos.
Los estragos
La protesta ha tenido consecuencias inmediatas y de gran escala: alrededor de 200 mil ciudadanos se han visto directamente afectados por la suspensión de actividades en los juzgados, según el Dr. Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados “Foro México”. Además, estima que diariamente se han perdido entre 1,200 y 1,350 audiencias, lo que representa un rezago sin precedentes en el dictado de sentencias y resoluciones judiciales.
Los trabajadores reclaman no solo el aumento salarial, sino también la democratización del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX, el cual, según denuncias, no ha tenido alternancia en su dirigencia en más de dos décadas. La falta de transparencia en la representación sindical es otro de los factores que alimenta el malestar al interior de los juzgados.
A pesar de los intentos del Gobierno de la Ciudad de México por iniciar una negociación, el gremio considera insuficiente el incremento salarial propuesto. Señalan que la eliminación de juzgados ha multiplicado la carga laboral sin una retribución justa, lo que no solo afecta su bienestar, sino también el funcionamiento del sistema de justicia.
El paro ha golpeado con particular fuerza al gremio de abogados litigantes independientes, quienes se encuentran imposibilitados para dar seguimiento a sus asuntos en curso. Esta interrupción ha afectado gravemente sus ingresos, pues su sustento depende directamente del desarrollo cotidiano de los procesos jurisdiccionales.
Por tal razón, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, hizo un llamado urgente a las autoridades para que atiendan la problemática. En entrevista, subrayó que “el Poder Judicial debe buscar dar solución inmediata a esta situación para así garantizar que la ciudadanía pueda acceder a la justicia”. Asimismo, señaló que sin un sistema judicial eficiente, es imposible atender de manera efectiva los problemas sociales de fondo.
El conflicto pone en entredicho el derecho humano de acceso a la justicia en la capital del país. La ausencia de diálogo, la precarización laboral y el rezago procesal amenaza con prolongar la crisis judicial que ya muestra impactos serios en la vida de miles de capitalinos.
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