Clara Brugada presenta iniciativa para regular a franeleros

En conferencia de prensa, se presentó una iniciativa que tiene por objeto regular a las personas al cuidado y al uso indebido del espacio público, mejor conocidos como franeleros, “no les vamos a llamar ni vamos a estigmatizar con este nombre”, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

“Se trata de una política pública integral que no solo es sanción, sino también es generar alternativas a las personas que se dedican a esta tarea (...) afecta directamente a miles de personas en la Ciudad de México y nos referimos al uso indebido del espacio público de quienes ejercen actividades de apartados de lugares en la vía pública”, reveló la mandataria.

¿En qué consiste?

“El espacio público es un derecho no es una mercancía ni debe ser un privilegio y no hay un espacio público más importante, más vital, más democrático y más cotidiano en su uso que las calles”, declaró Brugada Molina al dar los argumentos de dicha propuesta.

Cuando alguien condiciona el uso de las calles para estacionar vehículos “con amenazas o con cobros indebidos, lo que está haciendo es romper el principio básico de equidad en esta ciudad, es quitarle la vocación colectiva”, aseguró.

― “Ni las calles principales, ni las calles secundarias, ni las banquetas están hechas para el control privado de quienes se ostentan como cuidadores o que apartan lugares para estacionar los autos y mucho menos para cometer otros delitos vinculados a esta actividad (...) no es un problema menor, pero se acentúa cuando estas personas exigen o condicionan o amenazan para poderlo utilizar”. ―

La gobernadora enfatizó, “Sabemos que en esta ciudad tenemos calles que de manera arbitraria e ilegal se imponen prácticamente tarifas por dejar coches estacionados en las calles, y nos referimos a calles que están alrededor de hospitales, de parques, de plazas, de escuelas, de oficinas de gobierno, cerca de donde se llevan a cabo eventos públicos masivos y otros espacios", dijo al reconocer la problemática.

Sanciones y acciones

Lo que se presenta es para elevar las sanciones de tales infractores, así lo expresó, “Si pasan la raya, esto significa que cometan un delito como amenazas, golpes, robo o todo lo que sucede alrededor, entonces ya no es una infracción cívica, sino que se trata de un delito y por lo tanto tendrán que ser sancionados en la Fiscalía”.

Intimidar, coaccionar y exigir dinero son consideradas como faltas cívicas en la Ley de Cultura Cívica local, motivo por el cual se impondrá una sanción de arresto inconmutable de 36 horas a los infractores. “Estamos hablando de exigir, coaccionar o intimidar a cualquier persona para obtener un pago para vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear el vehículo”, expuso.

De igual forma la jefa de Gobierno anunció una campaña cuyo lema será “El espacio público es de todas y todos” en la cual se explicarán qué conductas están prohibidas, así como las sanciones y herramientas para que los ciudadanos puedan ejercer y defender su derecho de manera pacífica.

“No vamos a permitir que el abuso, ni el control, ni la ilegalidad se puedan normalizar en nuestras calles, no lo queremos (...) La iniciativa se enviará al Congreso de la CDMX en conjunto de la política pública que se aplicará”, se trata de un proyecto integral que ofrecerá oportunidades laborales para los “viene, viene”, en el que la Secretaría del Trabajo y otras dependencias están vinculadas.

Sin tolerancia

En la conferencia se informó que actualmente se realiza un censo de las personas que se dedican a dicha actividad, para tener información actualizada que permitirá aplicar la política pública correspondiente en toda la ciudad.

Del mismo modo, al hablar sobre la posible complicidad entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los franeleros, Pablo Vázquez Camacho, exhortó a los ciudadanos a denunciar a los policías ya que la corporación actuará en consecuencia y sin tolerancia, “no se permitirán ese tipo de conductas”, sostuvo.

También mencionó que en los últimos meses incrementó en 60% el número de personas remitidas por dicha conducta, es decir, mil 447 personas, 74% más respecto al año anterior. No se solapará ni se protegerá a quien ejerza tal oficio.