El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de turista a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, tras su orden de detener las excavaciones en una fosa clandestina ubicada en el Cañón de las Carretas, en Tijuana, donde se encontraron restos vinculados al crimen organizado, informó el semanario Zeta, citando fuentes del Departamento de Estado.
La notificación fue entregada personalmente por el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, para evitar que la gobernadora enfrentara problemas al intentar cruzar la frontera.
El esposo de Ávila, Carlos Torres, también perdió su visa y es investigado en Estados Unidos por presuntos delitos de lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros ilícitos. Su hermano, Luis Alfonso Torres, está bajo investigación por los mismos motivos.
Indagatoria por evasión fiscal
En México, ambos son indagados por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de evasión fiscal, corrupción, robo de combustible (huachicoleo), operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Estas investigaciones comenzaron en marzo pasado tras el hallazgo de un predio en Ensenada con cerca de ocho millones de litros de diésel robado.
Carlos Torres fue notificado de la cancelación de su visa cuando intentó cruzar la garita internacional de San Ysidro, en Tijuana. Al presentarse ante la oficina de la Custom and Border Protection (CBP), se emitió una alerta que ordenaba cancelar y destruir inmediatamente su visa de no migrante.
Previamente, a ambos, Torres y la gobernadora, les fue revocada la tarjeta Sentri, que permite un cruce preferente en la frontera tras un exhaustivo control de antecedentes penales y migratorios. La cancelación de estas tarjetas indica que se detectaron irregularidades o información negativa en sus antecedentes.
Denuncias de corrupción y control político
En la carpeta de investigación de la FGR se incluye un testimonio que denuncia un ambiente de impunidad y corrupción en Ensenada, señalando que los hermanos Torres y el actual senador Armando Ayala controlan diversas autoridades y actividades ilícitas.
El testimonio expone amenazas y presiones para mantener el silencio frente a actos de corrupción y criminalidad, y revela que las autoridades federales estaban siendo manipuladas.
Ni la gobernadora ni Carlos Torres fueron informados oficialmente sobre los motivos de la cancelación de sus visas y tarjetas Sentri. No obstante, las autoridades estadounidenses confirmaron que la investigación contra Torres se generó a partir de información recabada en la frontera sur de Estados Unidos y el norte de México.
Esta investigación está vinculada a un operativo realizado el 26 de marzo pasado, cuando fuerzas federales mexicanas localizaron un predio con contenedores que almacenaban millones de litros de diésel robado, considerado como robo de combustible a gran escala.
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