El despojo alcanzaría hasta 10 años de prisión en el Estado de México

El Congreso del Estado de México analiza una propuesta legislativa que busca catalogar el delito de despojo como grave en el Código Penal de la entidad, en respuesta al aumento sostenido de denuncias y a las afectaciones patrimoniales que enfrentan miles de familias mexiquenses.

El diputado Octavio Martínez, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó en tribuna la iniciativa que tiene como objetivo agravar las penas por este delito, que actualmente no es considerado como grave en la legislación estatal. De acuerdo con el legislador, en el Estado de México se presenta, en promedio, una denuncia por despojo cada dos horas, lo que da cuenta de la dimensión del problema.

La propuesta plantea imponer sanciones de hasta diez años de prisión en casos en los que el despojo se cometa bajo ciertas circunstancias específicas. Entre estas, se consideran como agravantes: cuando las víctimas sean personas adultas mayores, mujeres que viven solas, cuando se utilicen métodos de engaño para apropiarse del inmueble, se violenten cerraduras o se emplee violencia contra los propietarios legítimos. También se incluye como agravante la presentación de títulos de propiedad falsos o la comisión del delito cuando los dueños se encuentran ausentes.

Martínez subrayó que uno de los ejes centrales de la propuesta es garantizar la pronta restitución del bien inmueble a sus legítimos propietarios. Por ello, se contempla que, al momento de que el afectado acredite la titularidad de la propiedad a través del Instituto de la Función Registral (antes Registro Público de la Propiedad), el Ministerio Público esté obligado a solicitar una audiencia judicial en un plazo máximo de 48 horas para ordenar la devolución del inmueble.

“El despojo no sólo es un delito contra la propiedad, sino contra el esfuerzo de años de familias que han adquirido un patrimonio con sacrificios, con créditos hipotecarios que tardan décadas en pagar, y que hoy, en muchos casos, ya no lo tienen en su poder”, expresó el legislador durante su intervención.

La diputada Ruth Salinas Reyes, del partido Movimiento Ciudadano, respaldó la propuesta y reiteró la urgencia de endurecer las penas ante el incremento de casos. Según cifras que compartió en sesión, entre enero y marzo de 2024 se registraron un total de 6 mil 228 denuncias por despojo en la entidad, lo que representa un promedio diario de 14 casos. Esta estadística, dijo, refleja una problemática creciente que debe ser atendida con medidas legales más severas.

Salinas Reyes también presentó un listado de los municipios con mayor número de denuncias por este delito. Entre ellos destacan: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Los Reyes. En tanto, en municipios como Toluca y Metepec, el número de despojos se concentra particularmente en terrenos, lo que se atribuye al valor del suelo en esas zonas.

Uno de los casos recientes que encendió la alerta entre legisladores ocurrió el pasado 2 de abril en el municipio de Chalco, cuando una mujer de 73 años, identificada como Carlota “N”, fue detenida tras disparar contra personas que presuntamente habían ocupado su domicilio ubicado en la unidad habitacional Hacienda de Guadalupe. En este hecho, dos personas perdieron la vida y otras tres fueron arrestadas por su posible implicación.

Dicho caso ha sido señalado por los legisladores como un ejemplo extremo de lo que puede generar la impunidad en torno al delito de despojo y el vacío legal existente para proteger efectivamente los derechos de posesión de las víctimas.

El análisis de la iniciativa continúa en comisiones, donde se evaluarán los alcances jurídicos de la propuesta y la viabilidad de incorporar el despojo a la lista de delitos graves. De ser aprobada, la reforma implicaría la imposibilidad de que los responsables accedan a medidas cautelares como la libertad bajo fianza, además de agilizar los procesos de restitución para los afectados.

El Congreso del Estado de México se encuentra actualmente en un periodo clave para definir esta y otras reformas prioritarias en materia de justicia y seguridad, ante la creciente preocupación de la ciudadanía por la defensa del patrimonio familiar.