La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) confirmó que la queja interpuesta por colectivos y familiares de personas desaparecidas respecto al caso de Teuchitlán fue atraída por su homóloga nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que ya turnaron la investigación.
El hecho fue informado por Luz del Carmen Godínez, presidenta de la entidad defensora estatal, quien previo al anuncio aseguró que no existen quejas por el actuar de las autoridades en el caso del rancho Izaguirre, ubicado en La Estanzuela.
Aseguró que durante la visita al predio —registrada el 20 de marzo—, personal de la CEDHJ se hizo presente para dar acompañamiento y realizar actividades de contención. No obstante, ese mismo día la CNDH les notificó que atraerían la queja.
“Recordemos que lo que comenzamos a trabajar en la comisión fue un acta de investigación, nunca tuvimos una queja por parte de una persona que se sintiera vulnerada por alguna violación de derecho humano de manera literal”, explicó.
No obstante, el primer visitador, Manuel Alejandro Murillo, aseguró que las condiciones en las que la Fiscalía del Estado (FE) de Jalisco abrió las puertas del rancho Izaguirre a colectivos y medios de comunicación “no fueron las adecuadas”.
También confirmaron que en la visita a Teuchitlán no había ninguno de los elementos detectados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, como el calzado, prendas de vestir y objetos personales como maletas, mochilas e incluso cobijas.
“Nosotros no tenemos elementos para asegurar que (la escena) se haya alterado. Sí fueron condiciones diferentes porque a nosotros nos tocó ver cuando iniciaron los trabajos (...). El día 20 ya no estaban estos elementos”, agregó.
¿Qué hace la CNDH?
La CNDH es un organismo público autónomo encargado de promover, proteger, observar, estudiar y difundir los derechos humanos contemplados en el orden jurídico mexicano. Tiene como objetivo principal garantizar que las autoridades e instituciones públicas respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Entre sus funciones más destacadas se encuentran: recibir e investigar quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos; formular recomendaciones, acuerdos y propuestas en casos específicos; estudios realizados e investigaciones sobre derechos humanos; y llevar a cabo actividades de difusión, capacitación y educación en la materia.
También puede intervenir en situaciones de emergencia o en contextos donde se vulneren garantías fundamentales, así como colaborar con instancias internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, sus recomendaciones no son vinculantes, lo que significa que las autoridades a las que están dirigidas no están obligadas legalmente a acatarlas.
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