
El aumento de la migración en México ha transformado al país en un lugar de tránsito y destino para personas en busca de mejores oportunidades. Como parte de la agenda 2030 de la ONU, se incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: Reducción de las desigualdades, donde se subraya la necesidad de abordar la migración en tanto esta refleja desigualdades en salarios, calidad de vida y oportunidades laborales. Muchos migrantes que buscan el “sueño americano” se encuentran varados en México.
El contexto migratorio en México muestra un aumento significativo en los ingresos al país, con una mayoría de migrantes provenientes de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Las tarjetas de residencia temporal y permanente, emitidas por el Instituto Nacional de Migración, han visto un incremento, lo que refleja dicho crecimiento del flujo migratorio hacia el país.
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La inclusión financiera es esencial para la integración de los migrantes a la economía formal; sin embargo, factores como la falta de documentación, la discriminación, el desconocimiento de derechos y la ausencia de productos financieros diseñados para ellos dificultan su acceso a servicios financieros. Laura Canché, coordinadora del Programa Regional sobre Migración de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), menciona que acceder a servicios financieros permite a los migrantes integrarse mejor en el mercado laboral y alcanzar un mayor bienestar social.
La agenda 2030 de la ONU y la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF 2020-2024) buscan facilitar el acceso de todos a los servicios financieros. La PNIF propone abrir cuentas y otros productos financieros para migrantes tanto dentro como fuera del país.
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Pese a algunas iniciativas del Gobierno federal, como la Debicuenta Migrante del Banco del Bienestar, la mayoría de los migrantes recurre a métodos informales para gestionar su dinero. Para cambiar esto, es vital implementar estrategias y políticas que consideren las necesidades específicas de los migrantes, ajustando los requisitos de documentación y desarrollando productos financieros accesibles y regulados.
La inclusión financiera es clave para el desarrollo económico y social. Los cambios legales permitieron a extranjeros abrir cuentas bancarias con documentación migratoria, pero en la práctica los bancos aún requieren pasaporte, documento que muchos migrantes no poseen debido a diversas circunstancias. La falta de documentación, el temor a las instituciones financieras y la discriminación son barreras adicionales que enfrentan los migrantes.
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Por otro lado, la colaboración entre organismos como la OIM y Banco Azteca ha desarrollado productos como “Guardadito Amigo”, diseñado para migrantes que se encuentran de manera temporal o indefinida en nuestro país, facilitando seguridad, salud y flexibilidad financiera. BanCoppel y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) también han trabajado para bancarizar a refugiados y solicitantes de asilo, reconociendo la inclusión financiera como un facilitador del crecimiento económico.

La exclusión financiera expone a los migrantes a riesgos económicos y sociales, como robos y extorsiones, discriminación y tratos inhumanos. Sin acceso a servicios financieros, su capacidad de ahorro, inversión y seguridad se ve limitada, afectando su integración a la economía formal y su calidad de vida.
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Nos encontramos en un momento crítico con el aviso de deportaciones masivas por parte del Gobierno de Estados Unidos a México. Esto nos alerta a avanzar rápidamente hacia un sistema financiero más inclusivo. Será necesario impulsar el avance de políticas y programas que promuevan su integración a la sociedad; las y los migrantes requerirán programas enfocados a su condición y necesidades.
Algunos puntos que se deberán abordar son los siguientes:
- Desarrollo de nuevos productos financieros orientados a facilitar la inclusión financiera de los migrantes. Se deben buscar alianzas entre instituciones financieras reguladas y organismos internacionales como la OIM y la ACNUR para desarrollar y promover productos y servicios financieros considerando condiciones como la ausencia de residencia permanente, seguros accesibles, y opciones de crédito con condiciones flexibles, adecuadas a la realidad de los migrantes.
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- Educación financiera: campañas dirigidas a migrantes para que conozcan sus derechos financieros, eviten ser víctimas de fraude y accedan a productos y servicios financieros a través de instituciones reguladas del país.
- Políticas de inclusión financiera de migrantes, que incluyan la simplificación de trámites y documentos, así como la protección contra la discriminación.
- Uso de herramientas tecnológicas: a través de dispositivos inteligentes como el teléfono celular, aprovechar las fintech (mismas que deberán estar reguladas) y otras innovaciones tecnológicas para ofrecer productos y servicios financieros accesibles y dirigidos específicamente a los migrantes.
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Todos estos puntos están relacionados entre sí, deben visualizarse como un todo.
El momento actual es una oportunidad para fortalecer el sistema financiero mexicano hacia un desarrollo más equitativo; es imperativa una evolución para tener una verdadera inclusión, con adaptación a las necesidades de todas las personas, independientemente del país de origen.
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* Por Adriana Burgos Campos. La autora es investigadora del Center for Financial Access, Inclusion and Research (FAIR Center) de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
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