
En el Senado de la República retomaron la minuta que plantea la cobranza delegada, iniciativa que en su momento causó polémica y llegó a ser desaprobada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Luego de que en la Cámara Alta convocaran a legisladores para su dictaminación, la Condusef alertó sobre su contenido y sus posibles riesgos para los trabajadores.
A través de un comunicado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que la reforma sobre cobranza delegada en créditos de nómina podría considerarse como un esquema de cobro inequitativo y, por tanto, atentar contra la economía de los trabajadores.
“Debemos señalar con claridad los serios inconvenientes y posibles afectaciones a la economía de los trabajadores, de autorizarse un esquema legal que, si bien regula, no lo hace de forma equitativa y salvaguardando el interés primordial de los usuarios de servicios financieros, en este caso la economía familiar de los trabajadores”, se lee en el documento emitido por la Condusef.
El proyecto que busca modificar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, contempla la cobranza de las deudas crediticias de las personas trabajadores mediante su nómina o sueldo.

En ese sentido, en caso de aprobarse, si una persona trabajadora tiene una deuda con alguna entidad financiera, esta tendrá la posibilidad de cobrarla a sus empleadores a través del sueldo. De esa forma, antes de pagar el dinero correspondiente a la o el trabajador, estará sujeto a los descuentos correspondientes, como ocurre con las pensiones alimenticias. La medida también aplicaría en prestaciones como utilidades o aguinaldo.
Al respecto, la Condusef señaló que el proyecto es contrario al principio de progresividad establecido en el artículo primero Constitucional, así como lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, así como el 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
“Crear la libranza con carácter de irrevocable la convierte prácticamente en una tienda de raya financiera, ya que es una medida que limita totalmente la posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo de crédito convirtiéndose en una, si éste no resulta conveniente, o bien, encuentran otro esquema de refinanciamiento más benéfico, independientemente de que la diferencia en tasas sea mucha o poca”, se lee en el comunicado.

Recordaron que la capacidad de endeudamiento de una persona no debe sobrepasar el 35% de su percepción salarial neta. De igual forma, recordaron que, en el caso de empleados del sector público, el sobreendeudamiento propicia que el pago salarial esté muy por debajo del nivel de subsistencia, lo cual puede provocar una problemática social más severa. Además:
“Se contempla la posibilidad de refinanciar los adeudos de los trabajadores acreditados, lo cual podría generar que el costo de los créditos se incremente y resulte exorbitante, ya que se trata de una nueva obligación”.
Por su naturaleza, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció en contra e, incluso, advirtió con vetarla en caso de su aprobación en el Congreso de la Unión. Como resultado, la iniciativa fue desechada.
Aunque en la Cámara Alta citaron a legisladores para discutir la minuta, horas después la sesión en comisiones fue cancelada. De igual manera, la Presidenta Claudia Sheinbaum no se ha posicionado en torno a la polémica iniciativa impulsada en su momento por Pedro Miguel Haces Barba.
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