
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tachó de “narrativa perversa” y absurdo que se considere que los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla o que acudan a votar puedan ser acreedores a sanciones penales.
Dijo que de considerar posibles sanciones en contra de la ciudadanía también podrían ser objeto de castigo los periodistas por cuestionar e informar sobre el proceso de la elección judicial.
“Me parece una narrativa perversa y el colmo de la perversidad que se intente siquiera amenazar de que los ciudadanos y ciudadanas no pueden participar como funcionarios y funcionarias de casilla el día de la jornada electoral.
Es como si llegáramos al colmo de los absurdos: por hacer tu trabajo y preguntar sobre la reforma judicial a ti te sancionará el Poder Judicial, porque estás hablando de la reforma, porque estás informando a la ciudadanía (...). Es como pensar que todos los que acudan a votar el día de la elección también serán sancionados, el que pase y escuche una noticia y la transmita a alguien también será sancionado, el que hable en un sueño también va a ser sancionado. Me parece el colmo de los absurdos, no podemos caer en esa tentación de seguir esa narrativa”, comentó en conferencia de prensa del lunes 13 de enero.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación (Jufed) se pronunció respecto a la negativa de la presidenta del INE sobre la posibilidad de que puedan ser sancionados en caso de participar como funcionarios.
En un comunicado de prensa negaron que se tratara de una narrativa “perversa”, sino que el incumplimiento de la suspensiones podría derivar en responsabilidad legal según el marco normativo vigente estipulado en la Constitución y la Ley de Amparo, por tanto es que hacen una observación con el objetivo de proteger a la ciudadanía, pues de participar como funcionarios de casillas serán ejecutores de una reforma impugnada.
“No es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho (...) Calificar como “perversa” esta postura refleja, en el mejor de los casos, una incomprensión de nuestras funciones y, en el peor, un intento por desvirtuar la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales”, respondió la Jufed a los señalamientos de la presidenta del INE.
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