El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, como parte del Paquete Económico, con 83 votos a favor y 36 en contra, impulsada principalmente por Morena y sus aliados.
La legislación proyecta ingresos totales por 9 billones 302 mil 015.8 millones de pesos, sin nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes, y fue enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación.
La propuesta incluye un crecimiento económico estimado de entre 2.0% y 3.0%, un tipo de cambio de 18.5 pesos por dólar y un precio ponderado del barril de petróleo crudo de exportación de 57.8 dólares. De los ingresos previstos, 5.2 billones de pesos provendrán de impuestos, mientras que 1.2 billones de pesos se derivarán de financiamientos, lo que abre la puerta a un mayor endeudamiento público.
Posturas encontradas
El presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Cuauhtémoc Ochoa, defendió la Ley al señalar que es “una declaración de principios y compromisos con el pueblo de México”, orientada a garantizar justicia social, sostenibilidad financiera y crecimiento con bienestar. Afirmó que las políticas reflejan una forma de gobernar que prioriza a las comunidades más vulnerables y busca reducir desigualdades.
Sin embargo, la oposición cuestionó duramente el optimismo de las proyecciones y el aumento del déficit. La senadora panista Guadalupe Murguía calificó el paquete como “fuera de la realidad”, argumentando que las estimaciones de crecimiento, recaudación y deuda no reflejan el contexto global de incertidumbre económica.
Por su parte, la priista Karla Toledo advirtió que el dictamen muestra una “alarmante desconexión con las verdaderas necesidades de los mexicanos”, al ignorar factores como la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las proyecciones negativas de calificadoras internacionales.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales acusó que la Ley de Ingresos permitirá que lo recaudado sea destinado principalmente al pago de intereses de la deuda, mientras que el endeudamiento público incrementará, reduciendo el margen de maniobra del gobierno.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, reconoció que la Ley considera la posibilidad de contratar créditos y recurrir a financiamiento público para cumplir con los compromisos del marco macroeconómico.
Esto incluye autorizaciones de endeudamiento para Petróleos Mexicanos (Pemex) por hasta 143 mil 403.7 millones de pesos en deuda interna y 5 mil 512.7 millones de dólares en deuda externa. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá contraer una deuda interna de hasta 10 mil 27 millones de pesos y externa por 991 millones de dólares.
Recursos públicos y destino social
A pesar de las críticas, Morena destacó los beneficios sociales del paquete. El senador Ochoa insistió en que las medidas buscan garantizar un crecimiento económico sostenible, justo y equilibrado, mientras que el senador del PVEM Jorge Carlos Ramírez Marín resaltó que la Ley no cede a presiones políticas y refleja austeridad en el gasto público.
Por último, el dictamen también prevé una recaudación federal participable de 4.8 billones de pesos, que servirá para financiar los programas sociales prioritarios de la actual administración. Sin embargo, las dudas sobre el impacto económico y la creciente deuda siguen siendo el eje de las críticas de los partidos de oposición.
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