La fórmula de Alejandro Alito Morena y Carolina Viggiano obtuvo el 97% de los votos en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, fue definido como una “farsa” por diversos exlíderes del tricolor.
La reelección de Moreno, según los exlíderes, desequilibra los principios del partido y es “inconstitucional” y “antistatutaria” por no permitir la alternancia de género en la dirigencia del partido. Además, afirmaron que tales reformas y reelecciones debían haber sido anuladas por el INE y el Tribunal Electoral, pero estos organismos no reaccionaron con firmeza ante las irregularidades.
Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza cuestionaron duramente la permisividad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en este proceso.
Dulce María Sauri Riancho, ex presidenta nacional del PRI, junto a Coldwell y Ochoa, señalaron: “El Tribunal Electoral ha sido permisivo ante el ‘atraco’”.
En el comunicado, también afirmaron que el Tribunal Electoral optó por no poner límite de tiempo al partido para resolver la impugnación, eliminando las consecuencias jurídicas propuestas por un magistrado. Según estos exdirigentes, esta legislación dilatoria permitió que el proceso ilegal avanzara sin contratiempos.
En el comunicado recalcaron que la magistrada presidenta Mónica Soto emitió una resolución regresiva. “La magistrada presidenta, Mónica Soto, propuso regresar la impugnación al PRI sin ponerle límite de tiempo”, lo cual fue considerado un acto de permisividad hacia las decisiones ilegales llevadas a cabo en el partido. Estos exlíderes denunciaron que dicha postura contribuyó significativamente a que el proceso concluyera en la reelección de Alejandro Moreno.
Los exdirigentes también subrayaron que esta reelección se dio “a puerta cerrada, sin propuestas, sin debate ni proyecto de futuro”, rompiendo la tradición democrática del partido. Enrique Ochoa Reza declaró que: “El daño jurídico infligido al PRI podrá repararse eventualmente, pero el daño moral ante la sociedad será difícil de resarcir”.
De igual forma, se adjudicó el caso al INE y al propio partido para solucionar las impugnaciones presentadas por cientos de militantes. Sin embargo, Pedro Joaquín Coldwell señaló que “el PRI no ha resuelto el caso, aplicando un tortuguismo burocrático, mientras cumple aceleradamente como liebre el proceso ilegal para reelegir a Alejandro Moreno”. Según los exlíderes, esta estrategia permitió que los procedimientos se desarrollaran sin las debidas sanciones y tiempos jurídicos impuestos por el Tribunal Electoral.
Además, estos exdirigentes advirtieron que el INE tiene un papel crucial para garantizar que el partido no se convierta en una “isla autoritaria” dentro del sistema democrático nacional. “El INE debe actuar para que un partido secuestrado por intereses personales no dañe la democracia del país”, se pudo leer en el comunicado.
Se señaló también que la Ley Electoral mexicana es clara al respecto, prohibiendo cualquier alteración en los documentos básicos de los partidos una vez comenzado el proceso electoral. Los exlíderes recordaron que el artículo 34, párrafo segundo, de dicha ley indica que “son asuntos internos de los partidos políticos: la elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral...”.
Además, el artículo 25 establece que los partidos deben adoptar sus actividades de manera legal, y los estatutos del PRI prohíben el cambio de presidente nacional durante el proceso electoral federal, que aún no ha concluido. Este proceso de reelección contraviene las disposiciones del Estatuto del PRI en su artículo 173, situación que fue reconocida por el Tribunal Electoral en una sentencia del juicio JE-20/2023 y por el PRI en la sesión del Consejo Político Nacional del 8 de mayo de 2023.
Finalmente, se hizo hincapié en que la elección de Alejandro Moreno se llevó a cabo ante un órgano reducido y modificado por reformas recientes. “Históricamente, la elección del presidente del PRI incluía al Consejo Político Nacional y a los 32 Consejos Políticos de las Entidades Federativas del país”, afirmaron.
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