Qué hay detrás de la omisión para elegir a dos magistrados faltantes en el TEPJF, según Riva Palacio

Algo muy extraño sucedió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en México. El enfrentamiento se originó cuando un juez administrativo le exigió al tribunal que designara a dos magistrados faltantes, una función que debería haber cumplido el Senado hace más de ocho meses. Sin embargo, el Senado, violando la Constitución, no ha hecho las designaciones necesarias, lo que ha obstaculizado el funcionamiento pleno del tribunal. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, elogió al TEPJF por resistirse al juez y solicitó juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza para castigarlo. Sobre el tema habla el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente personal de este jueves, titulada La batalla importante.

En ella, señala que cuatro de los cinco magistrados del TEPJF, con la magistrada Janine Otálora como la única voz disidente, han manifestado su intención de aniquilar jurídicamente al juez De la Peza. Este juez, en ausencia de acción por parte del Senado, proporcionó la justificación legal para restablecer el pleno en la Sala Superior. Actualmente, el tribunal está incapacitado para calificar la elección presidencial y otorgar la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, ya que, para ello, necesita sesionar con al menos seis de sus integrantes. El tribunal rechazó la orden del juez, considerándola “injustificada y excesiva,” y anunció su intención de denunciarlo penalmente, saltándose el procedimiento regulado por el Consejo de la Judicatura.

El juez De la Peza, en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, aclaró que nunca pretendió invadir las facultades del tribunal, sino que buscaba colaborar para que se asumiera como la máxima autoridad en nombrar a los magistrados faltantes. De la Peza argumentó que su medida estaba motivada por la situación de incertidumbre en la protección de derechos humanos. Según él, no se trataba de un tema meramente electoral, sino de derechos humanos, lo cual debería haber propiciado un debate jurídico saludable. Sin embargo, explica Riva Palacio, los cuatro magistrados decidieron denunciarlo ante la fiscalía en vez de debatir las interpretaciones legales.

Las personas esperarían que un órgano colegiado como el tribunal desearía tener su membrecía completa para tomar decisiones más amplias y plurales. Sin embargo, ni el Presidente, ni el gobierno ni la candidata ganadora parecen querer eso. El gobierno ha logrado mantener el control sobre el número de integrantes del tribunal mediante las omisiones del Senado. El juez De la Peza, quien en el pasado ha otorgado amparos contra megaobras del Presidente por incumplir con la ley, se interpuso en su camino.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, dio una clave importante al señalar en su cuenta de X que la intención del juez De la Peza al intentar forzar la designación de dos magistrados era “tumbar por la mala el mandato popular del plan C”. Hernández sugirió que la oposición y la Suprema Corte de Justicia estaban presionando para obtener una mayoría en el Tribunal Electoral que les permitiera evitar que Morena y sus aliados tengan mayoría legislativa en ambas cámaras. En resumen, según ella, algunos jueces y ministros operan de manera clandestina para imponer una minoría sobre la mayoría otorgada en las urnas.

El gobierno parece estar intentando confundir dos temas distintos: la reforma al Poder Judicial, conocida como plan C, y la designación de magistrados en el Tribunal Electoral, que afecta la calificación presidencial y la cuestión de la sobrerrepresentación. Los resultados de la elección presidencial dieron a Morena y sus aliados una mayoría calificada en la Cámara de Diputados con 365 curules, pero no alcanzaron la misma mayoría en el Senado, quedándose a dos escaños de la mayoría calificada. La oposición podría frenar el plan C en septiembre si mantiene su posición unida.

La reacción del gobierno y Morena ante el emplazamiento de De la Peza sugiere que piensan que tienen el Tribunal Electoral bajo control. La decisión de la presidenta del tribunal, Mónica Soto, y otros tres magistrados de denunciar al juez política y penalmente parece confirmar esta percepción. Conocedores del funcionamiento interno del tribunal afirmaron que hay una corriente de opinión en el órgano que sugiere que la resolución del juez está relacionada con la sobrerrepresentación y la inequidad en la elección presidencial.

Un reciente punto de acuerdo solicitado por el PRI sobre la afiliación efectiva y la asignación de curules fue respondido indicando que el tema estaba resuelto. Sin embargo, si el fondo del asunto es la sobrerrepresentación, se podrían presentar impugnaciones a partir del 24 de agosto, un día después de que el Tribunal Electoral resuelva las constancias de mayoría. Por lo tanto, el plan C de López Obrador aún no tiene garantía de éxito, ya que la mayoría constitucional en el Senado sigue estando en duda, concluye el periodista.