AMLO da poca importancia a la protección de datos, pero cobra relevancia si son de aliados a su gobierno, advierte CPJ

Siguen las reacciones por la filtración que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo del teléfono de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kitroeff; si bien YouTube ya bajó y subió editada la conferencia de prensa del pasado 22 de febrero, continúan las condenas por el acto, sobre todo considerando que nuestro país es uno de los más mortíferos para los periodistas.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, (CPJ, por sus siglas en inglés) lamentó en redes sociales que el presidente doxeara a Kitroeff en su conferencia matutina del jueves, violando así las obligaciones que tiene como autoridad en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LFPDPPSO).

Y, de hecho, el periodista y defensor señaló que se trata de un patrón de su administración, pues vale recordar que hace apenas unas semanas se filtraron en internet los datos personales de los reporteros que acuden todos los días a su conferencia matutina en Palacio Nacional, dejando en claro que es poco o nulo el respeto que tiene por la protección de datos de los comunicadores, pero también de los activistas, no de ahora sino durante todo su sexenio y los anteriores.

“El patrón demuestra que el gobierno del presidente mexicano López Obrador da poca importancia a la protección de datos y privacidad de periodistas y personas críticas de su gobierno. Y eso siempre en el contexto del país más letal para la prensa en las Américas. Además, se niega persistentemente a asumir cualquier responsabilidad. Pero cuando son los datos de personas aliadas a su gobierno, la protección de datos de repente sí cobra relevancia. El derecho a la privacidad es de todxs”, sentenció Hootsen.

Esto, en alusión a que luego de que el presidente leyera en voz alta el teléfono de la periodista del NYT, un día después salió a decir en el mismo espacio que no consideraba grave el doxeo que había cometido y que sin duda lo volvería a hacer porque no iba a permitir las calumnias, ya que su “autoridad moral y política está por encima de la ley”, advirtió AMLO sin reparos el pasado viernes 23 de febrero.

Ese mismo día, en redes sociales comenzaron a circular, a manera de ‘venganza’ los teléfonos de su hijo José Ramón López Beltrán, de su vocero Jesús Ramírez Cuevas e incluso de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México; entonces, el mandatario respondió con un video acusando a los representantes de los medios por percibir altos sueldos por ‘golpearlo’ y afirmando que su papel es el de defender “la libertad, la justicia y la auténtica democracia”.

CPJ advierte riesgos para periodistas en el país

Jan-Albert Hootsen recordó que México es uno de los países que ha firmado y ratificado todos los instrumentos y tratados internacionales de los sistemas interamericano y universal en favor del derecho a la privacidad y a la protección de datos, por lo que mencionó que los más recientes actos y dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador resultan violatorios de los mismos.

El representante en México del CPJ advirtió que estos ataques a la prensa cobran además especial relevancia dado el contexto electoral que actualmente vivimos, pues vale recordar que el próximo viernes 1 de marzo comienzan las campañas, pues pidió recordar que en procesos electorales pasados, la violencia ha afectado severamente a candidatos, defensores y los propios periodistas.

“Una campaña electoral requiere de un compromiso fuerte y congruente por parte del Gobierno de México a la privacidad y protección de datos, tanto como el compromiso de investigar y castigar violaciones de las mismas. La falta de dicho compromiso puede resultar en pérdidas de vidas”, advirtió el periodista.

De acuerdo con el comité, al menos 17 periodistas han sido asesinados en México en relación directa con su trabajo desde que López Obrador asumió como presidente el 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, analiza otros 27 homicidios de comunicadores para determinar si los motivos de sus muertes están relacionados con su labor.