
René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), señalado por un millonario desfalco al organismo, consiguió este jueves 18 de enero un amparo para que se suspenda definitivamente la vinculación a proceso en su contra por el delito del uso ilícito de atribuciones y facultades que le dictó un juez el pasado 13 de diciembre.
La defensa del exfuncionario federal -preso desde diciembre de 2023 en el Reclusorio Norte-, tramitó el amparo el 8 de enero para que no se ejecutara la apertura de su juicio oral por la presunta malversación de fondos; para el 11, obtuvo una suspensión provisional y finalmente hoy se confirmó la suspensión definitiva de la vinculación a proceso, de acuerdo con medios nacionales.
Es importante recordar que además de esa acusación, René Gavira Segreste tiene otros cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y por encabezar una red de funcionarios públicos relacionados con empresas fantasma, todos ellos relacionados con el desfalco de casi 15 mil millones de pesos de Segalmex y sus filiales Liconsa y Diconsa.
Lo que se sabe del millonario desfalco
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que busca la autosuficiencia alimentaria en leche así como en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz y frijol); sin embargo, en las revisiones de los años 2019, 2020 y 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desfalco de aproximadamente 14 mil 900 millones de pesos.
La presunta malversación de dichos recursos ocurrió durante la gestión de Ignacio Ovalle Fernández, quien actualmente sigue libre y sin algún proceso en su contra por el desfalco. Sin embargo, Gavira Segreste, su mano derecha y titular de Administración Finanzas sí está preso y con las acusaciones por los delitos antes mencionados, pese a que señaló a su exjefe de haber sido quien orquestó todo el desvío de dinero.
Sin embargo, al exfuncionario detenido se le investiga presuntamente por estar detrás de la autorización de 700 millones de pesos provenientes de Liconsa para comprar certificados bursátiles en una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), que no contaba con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP).
Este caso se trata del caso de corrupción más grande durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta el momento.
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