
El ataque a las instalaciones de la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, sigue generando información sobre el motivo por el cual presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa habrían realizado estos disparos a las oficinas del Ministerio Público de la Federación (MPF) la madrugada del 18 de noviembre.
Infobae México reportó el 21 de noviembre que Luis Gerardo Lara Vidrio, conocido como El Toro, y Jesús Ángel Rodríguez Clemente, alias El Moreno, fueron vinculados a proceso por un juez por su probable participación en el ataque a las oficinas de la FGR, luego de que fueran detenidos con una arma larga, seis cartuchos útiles y dos vehículos.
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Estas dos personas fueron capturados por elementos de la Policía Municipal de Tijuana en inmediaciones de la colonia Mariano Matamoros luego de presuntamente realizar detonaciones de arma de fuego en las instalaciones de la delegación estatal de la FGR para luego darse a la fuga.
En un comunicado, el MPF detalló que Lara Vidrio y Rodríguez Clemente agredieron a los policías municipales y realizaron una persecución que finalizó con su captura.
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El 27 de noviembre, el Semanario Zeta reveló que una de las principales investigaciones del MPF sobre el ataque a las instalaciones de la FGR había sido por un robo de cocaína y de metanfetamina por parte de diferentes corporaciones de seguridad y justicia tanto estatales como federales
El medio también reveló que El Moreno no tenía antecedentes delictivos, pero El Toro, de tan sólo 21 años, registra cinco detenciones por diferentes delitos calificados como menores, los cuales le permitieron seguir delinquiendo pese a su reincidencia sin que se le dictara prisión preventiva.
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El Semanario Zeta reportó que la FGR ya había identificado a Gerardo Lara Vidrio por ser parte de un grupo criminal en Tijuana al servicio del Cártel de Sinaloa.
“La línea más fuerte apunta a un robo de droga, presuntamente ejecutado por un comando negro, tipo Base de Operaciones Mixtas (BOM), en el que se identificaron elementos de la Policía Municipal de Tijuana, Guardia Nacional y más agentes vestidos de civiles”, informó el medio.
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El atraco, según Zeta que cita la versión de testigos y un video de vigilancia, habría ocurrido durante la madrugada del viernes 17 de noviembre, un día antes del ataque a las instalaciones de la FGR, en una casa ubicada en la privada altitud 58 del fraccionamiento El Lago de la ciudad fronteriza.
Uno de los oficiales municipales que habría participado en este hurto de droga es Martín Carrillo Grande, hermano de un ex policía detenido en 2009 a quien se le relaciona con el Cártel de los Arellano Félix que opera en esa ciudad, según Zeta.
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En este robo también participaron elementos vestidos de civil, y aunque la FGR dijo al medio que en esas acciones no habían participado sus agentes, este 29 de noviembre se dio a conocer lo contrario. El comando habría abandonado la casa presuntamente custodiado una camioneta en donde llevaban los kilos de droga.
Zeta aseguró que para cubrir sus acciones, los agentes que participaron en el robo denunciaron de manera anónima el domicilio un día después del robo, el mismo día en que El Toro y El Moreno presuntamente dispararon a las instalaciones de la FGR. En el lugar se encontraron 20 kilos de metanfetamina y pastillas.
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En tanto, la fiscal General de Baja California, María Elena Andrade Ramírez dijo en rueda de prensa este miércoles que tres de sus agentes estatales de investigación, que estaban suspendidos desde el sábado 25 de noviembre, estarían involucrados con el robo de droga.
Uno de ellos fue asesinado a balazos el martes 28 de noviembre en una gasolinera en Tijuana.

“Lamentablemente este agente y otro grupo aparece en una posible intervención de actividades ilícitas, los cuales está llevando la investigación la FGR (...) por tratarse de hechos en apariencia del fuero federal”, dijo la fiscal de Baja California.
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Agregó que una vez que se dio a conocer el hecho en medios de comunicación o en videos que fueron compartidos en redes sociales, la fiscalía estatal comenzó con las indagatorias internas dando como resultado la suspensión de los agentes involucrados.
Detalló que tanto el asesinato del agente de la fiscalía como el homicidio del policía municipal de Tijuana ocurrido el pasado 24 de noviembre podrían estar relacionados con el robo de droga. En esa misma fecha, se reportó que hombres armados atacaron las instalaciones de la Fiscalía de Baja California en esa ciudad.
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“Se les ofreció la protección correspondiente en el caso de los agentes de investigación; sin embargo, después de la suspensión ya no pertenecían como agentes activos y ellos se negaron en todo momento. Insistieron en su derecho de libre tránsito con sus abogados y familiares y no se les puede impedir en ese caso el libre tránsito”, apuntó la fiscal Andrade Ramírez.
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