Destapan espionaje de la Fiscalía de Ciudad de México a políticos opositores de AMLO

Un posible candidato a las próximas elecciones. El director de la agencia de aduanas del país. Al menos tres alcaldes de la capital. Es una lista que incluye a poderosos miembros del Gobierno de México.

Y, según consta en los registros judiciales, todos ellos han sido objeto de vigilancia por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México recientemente.

Al menos 14 órdenes escritas revisadas por The New York Times muestran que la fiscal general ordenó a la mayor empresa de telecomunicaciones de México entregar los registros telefónicos y de texto, así como los datos de localización, de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos.

Telcel, la empresa de telecomunicaciones, reconoció en una presentación judicial revisada por The Times que había recibido las órdenes y entregado los registros, que abarcaban desde 2021 hasta principios de este año. La vigilancia incluía tanto a opositores del partido gobernante Morena como a sus aliados.

Las órdenes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dicen que la información se buscaba en relación con investigaciones sobre secuestros y desapariciones.

Sin embargo, la Fiscalía capitalina dice que no tiene ninguna investigación penal en su expediente y “niega categóricamente” haber solicitado los registros telefónicos de los funcionarios y políticos mencionados en las órdenes.

“Esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona”, afirma la Fiscalía. “Al contrario, investiga exclusivamente con fines legales”.

A pesar de las negativas, un juez federal dijo este año que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sí había solicitado que Telcel entregara los registros. La evaluación del juez se produjo en una demanda contra la Fiscalía que fue interpuesta por un alcalde de la capital, quien fue nombrado en las 14 órdenes escritas.

Muchas de las personas mencionadas en las órdenes dicen que la verdadera razón por la que fueron monitoreadas fue porque son objetivos políticos, víctimas de un abuso de poder sistemático.

México ha sido sacudido repetidamente por escándalos de vigilancia, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018, prometió poner fin a cualquier vigilancia ilegal de los mexicanos, después de haber criticado a sus predecesores por tales acciones.

Pero su administración ha empleado algunas de las tácticas que condenó. Bajo el mandato del Sr. López Obrador, el ejército del país ha utilizado repetidamente el notorio software espía conocido como Pegasus para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso a altos miembros de su propia administración.

“Se está utilizando el sistema judicial para perseguir a políticos”, declaró Santiago Taboada Cortina, el alcalde (de Benito Juárez) que presentó la demanda. Miembro de la oposición política, Taboada ha anunciado su intención de presentarse como candidato a la Jefatura de Gobierno en las elecciones del próximo año.

“Lo que no es normal es que ocurran estas cosas, que como consecuencia de tus aspiraciones, tengas al gobierno respirándote en la nuca”, dijo.

En casos de emergencia en los que una vida corre peligro —como los secuestros—, la legislación mexicana permite a los investigadores obtener inmediatamente registros telefónicos sin orden judicial.

Sin embargo, los fiscales están obligados a obtener una orden de un juez federal en un plazo de 48 horas desde que se ponen en contacto con las empresas de telecomunicaciones, algo que la fiscalía general no hizo. En los expedientes judiciales, los abogados de Telcel afirmaron que nunca recibieron una orden de un juez federal para ninguno de los registros telefónicos solicitados.

Telcel no respondió ante la solicitud de comentarios.

“El presidente prometió que nadie sería espiado en este gobierno”, dijo Higinio Martínez Miranda, senador del partido gobernante Morena que representa al Estado de México. Los datos de su teléfono celular fueron obtenidos de octubre de 2021 a enero de 2022 por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de acuerdo con las presentaciones judiciales de Telcel.

“Es lamentable, condenable”, dijo. El Sr. Martínez negó cualquier delito y dijo que no tenía idea de que estaba bajo investigación hasta que fue informado por los periodistas de The Times.

El Sr. Taboada fue vigilado en 2021, pero fue hasta un año después cuando se enteró de la vigilancia, después de que un amigo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le dijera que lo estaban investigando, señaló.

Alarmado por la noticia, Taboada interpuso una demanda para obligar a la Fiscalía capitalina y a Telcel a responder a la acusación.

En los documentos judiciales relacionados con la demanda, Telcel reconoció haber proporcionado los registros telefónicos de Taboada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en respuesta a 14 órdenes relacionadas con secuestros, así como a la Fiscal General de Justicia del estado de Colima por una orden.

Decenas de otros números telefónicos también se enumeran en las órdenes, dijo Telcel, incluidos los de figuras poderosas dentro de Morena —el partido gobernante— y algunos de sus opositores.

En los archivos judiciales, el fiscal general de Colima dijo que había solicitado los registros telefónicos del Sr. Taboada a Telcel después de que una persona anónima presentó su número de teléfono, y otros, en relación con un caso de secuestro local. La fiscalía de Colima dijo que esa línea de investigación no había aportado nada relevante y que desde entonces habían destruido los registros telefónicos.

En la misma demanda, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México negó haber solicitado los registros telefónicos del Sr. Taboada.

El Sr. Taboada negó cualquier implicación en los secuestros.

Según dos juristas, la actuación de la Fiscalía capitalina fue ilegal. Otro experto afirmó que, aunque no fueran necesariamente ilegales, constituían un claro abuso de poder.

”El sistema es fácilmente manipulable. Los fiscales pueden inventar expedientes de investigación o pueden utilizar expedientes abiertos para obtener datos de quien quieran sin ninguna supervisión judicial”, dijo Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de R3D, un grupo mexicano de derechos digitales.

”Definitivamente es un sistema que está diseñado para el abuso y del que se está abusando”, señaló.

La ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades, “pero también tienen la capacidad de rechazar las solicitudes abusivas”, afirma García. Pero estas empresas dependen de las licencias del gobierno y a menudo cumplen más de lo que deberían, tal vez por temor a las repercusiones, dijo.

No es la primera vez que una fiscalía general abusa de su poder. En 2016, la fiscalía federal de México solicitó en secreto los registros telefónicos de una abogada de derechos humanos, una periodista de investigación y una antropóloga forense mientras investigaban la masacre de 193 personas, argumentando que las mujeres estaban vinculadas a una investigación de secuestro.

El seguimiento ordenado por los fiscales “envía el mensaje de que pueden utilizar el sistema de justicia penal contra los defensores, contra los periodistas, contra los expertos independientes, contra los opositores”, dijo Ana Lorena Delgadillo, la abogada que fue monitoreada en 2016. “Envía el mensaje de que pueden hacerlo y no les va a pasar nada”.

En el caso más reciente, Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que en su momento dirigía la agencia de aduanas de México en 2022.

La senadora conservadora Lilly Téllez, hasta hace poco una de las principales candidatas presidenciales de la oposición, y Alessandra Rojo de la Vega, ex diputada y firme opositora de Claudia Sheinbaum —exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y candidata del partido gobernante en las elecciones presidenciales del próximo año—, también fueron vigiladas, según las órdenes escritas y los expedientes judiciales revisados por The Times.

El año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó a la Sra. Rojo de la Vega de delitos electorales, lo que, según la Sra. Rojo de la Vega, fue una represalia política por oponerse a las políticas de Sheinbaum. Posteriormente un juez desestimó el caso.

Un portavoz de Sheinbaum, que era jefa de Gobierno cuando se solicitaron los registros telefónicos, declinó hacer comentarios.

La Sra. Rojo de la Vega, indignada por el seguimiento, dijo que este tipo de vigilancia debería utilizarse para investigar a los verdaderos delincuentes.”Ese debería ser el trabajo de la fiscalía, pero están ocupados persiguiendo a gente que les incomoda”, dijo.

La Sra.Téllez y la Sra. Rojo de la Vega, cuyos datos telefónicos fueron solicitados en siete ocasiones entre 2021 y 2022, negaron cualquier implicación en casos de secuestro.

Los fiscales también solicitaron los datos telefónicos de Dolores Igareda, alta funcionaria del Tribunal Supremo, y de Ricardo Amezcua, miembro del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, según se desprende de los expedientes y órdenes judiciales. Ninguno respondió a las solicitudes de comentarios.

Se espera que Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, vuelva a ser reelegida a finales de este año.

*Con información de Maria Abi-Habib, Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega.