Caso Segalmex: presunto fraude fue menor a 15 mil mdp, afirma la Función Pública

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, aseguró que el presunto fraude en Segalmex es de 9,500 millones de pesos, y no de 15,000, como se maneja en la opinión pública.

Desde Palacio Nacional, el funcionario declaró este jueves que la información respecto a los 15,000 millones de pesos no es precisa y que carece de fundamentos.

Argumentó que en agosto de 2022 la fiscalización a Segalmex dio lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil millones fueron señalados por la SFP, y 3 mil 500 millones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Es importante puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o el resarcimiento de los daños”, sostuvo.

“Aún en análisis”

Indicó que se trata de conclusiones preliminares que los auditores tuvieron a la vista, y que requieren de mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas, o para dejar en firme una presunta responsabilidad.

Recordó que los 9,500 millones de pesos se originan de las auditorías de 2019 y 2020, y que son hallazgos en procesos de análisis.

“Las evidencias aportadas por Segalmex, Liconsa y Diconsa se analizan para esclarecer si no fueron puestos a disposición de los auditores los documentos que justificaran el gasto, o si se trata de presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos”, apuntó.

Sostuvo que las tres instancias mencionadas recopilan evidencias para aclarar las observaciones, pues la información estaba dispersa en diferentes oficinas en los estados del país.

“Es así que la auditoría y la Secretaría de la Función Pública ha recibido información, en el caso de la Función Pública, de 2,000 millones de pesos a observar de los 6,000 millones de pesos observados, cuya procedencia de esta nueva documentación que hemos recibido está en análisis y dictaminación”, manifestó.

Confía en que monto baja aún más

El funcionario dijo que la ASF ha recibido otras evidencias respecto a las observaciones pendientes de atender, y confió en que con la documentación aportada, el monto de los 9,500 millones de pesos “pueda bajar sustantivamente”.

Apuntó que todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves, que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o probables hechos ilícitos que, en su caso, se convertirán en denuncias penales que serán presentadas ante la Fiscalía General de la República.

Agregó que en esta fase de investigación se encuentran 37 expedientes en la Función Pública.

“En consecuencia, los montos observados no pueden ser considerados todavía como daños patrimoniales hasta que se emita la resolución por parte de la autoridad competente”, afirmó.

“Todavía no es daño patrimonial”

Abundó que los montos observados en la fiscalización de la cuenta pública 2021 no pueden sumarse a los 9,500 millones de pesos, ya que forman parte de un proceso que aún no concluye, y que es así porque no se han agotado todas las etapas previstas en la normativa para que las entidades fiscalizadas pueda documentar, aclarar o solventar las observaciones dadas a conocer este año por la ASF.

Justificó que la norma obliga a seguir el debido proceso hasta que la autoridad resuelva sobre las evidencias presentadas, y que mientras tanto las autoridades deben aclarar los hallazgos.

“Lo observado no es sinónimo de daño patrimonial, sino del inicio de un proceso de seguimiento”, subrayó.

Expresó que los resultados de la fiscalización de la cuenta de 2021 fueron publicados en febrero de este año, y que los entes auditados tuvieron 30 días para dar información, luego iniciaron 120 días hábiles en los que la ASF revisa y solicita, en su caso, información adicional, periodo que concluirá a mediados de octubre de este año, por lo que las observaciones derivadas estarán dentro del plazo legal.

Dijo que las tres instancias han entregado 1.2 millones de documentos para atender las observaciones, que se pueden consultar en la página de Segalmex.